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Archive for 30 junio 2009

Honduras: Historia de unas urnas que llevaron a un golpe

Miguel Ángel Pérez Pirela

Pueblo hondureño en la calle

Pueblo hondureño en la calle

Decía Friedrich Hegel que la historia no le ha enseñado nada a nadie. Al ver lo que ha venido ocurriendo en Honduras en la última semana parece ser cierto.

El domingo 28 de junio de 2009 la región se despertó consternada por lo que, en un primer momento, pareció ser un deja vu. La historia, esa inclemente historia latinoamericana y caribeña del siglo pasado, se nos mostraba a través de las pantallas televisivas, viva, entera, resucitada.

Una vez más un presidente amordazado y sacado por militares de su residencia; una vez más soldados cuasi adolescentes tomando las calles; una vez más una constitución desconocida por las elites locales; una vez más el silencio mediático internacional; una vez más un avión que se lleva a un presidente electo…

Pero no nos engañemos: ese golpe de estado no fue perpetuado el domingo 28 de junio. Se trató de un “golpe lento” que comenzó días antes, delante del silencio de las organizaciones internacionales y los oligopolios mediáticos.

Ese golpe de estado, antes de ser militar, fue técnico, jurídico, político. El mismo había comenzado días antes con un Congreso y una Corte Suprema que se dieron el lujo, en pleno siglo XXI y sin protestas mayores, de decidir “democráticamente” y amparados en la “separación de poderes”, que las Fuerzas Armadas de Honduras no estaban ya subordinadas a su Comandante en Jefe, el presidente Zelaya. Si esto no era ya un golpe de estado de facto, alguien debiera explicarnos qué fue.

La historia latinoamericana nos muestra que detrás de todo golpe de estado se encuentran las razones y excusas más absurdas que puedan imaginarse. En este caso, el presunto motivo que llevó al mismo fue la voluntad del presidente Zelaya de proponer una consulta sobre la posibilidad de colocar una “cuarta urna” de votación en las próximas elecciones.

Consulta popular que, por cierto, no poseía carácter vinculante frente a la institución electoral hondureña, y que se limitaba a una simple encuesta, pero esta vez propiciada desde el poder ejecutivo.

Encuesta que quería indagar sobre la opinión de los hondureños en relación a la realización de una constituyente. Opinión que, de ser positiva, se le daría simplemente como propuesta a un poder legislativo en manos de la derecha “oposicionista” hondureña. Congreso que, al final de todo, habría de decidir sobre la plausibilidad de una eventual constituyente.

¡Vaya razón para un golpe de Estado!

El resultado de la propuesta de esa “cuarta urna” fue, nada más y nada menos, el secuestro de un presidente democráticamente electo; la deportación a Costa Rica del mismo (donde por cierto se dejó tirado en la pista de un aeropuerto); el cierre del estatal canal 8 y el corte de la señal de otros muchos medios de comunicaciones nacionales e internacionales; la desactivación del servicio eléctrico nacional; el secuestro de la canciller, políticos y embajadores; la suspensión de unas elecciones nacionales; la suspensión del servicio telefónico y la persecución de ciudadanos hondureños.

En el fondo, como lo afirman los golpistas civiles y militares, éstos no le temen a esa cuarta urna electoral. Es verdad: no le temen a esas urnas, le temen a lo que se hubieran encontrado dentro de las mismas si se hubiera dado la votación.

Por no querer distribuir el material electoral y desobedecer al poder ejecutivo, el presidente mismo Zelaya, destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez, y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana. Por insistir en distribuirlo, el presidente Zelaya, días antes del golpe militar, estaba por ser destituido por los poderes civiles conservadores.

La historia de un golpe anunciado se volvió a repetir: mientras los golpistas militares reprimían, los golpistas civiles sacaban de no se sabe dónde una carta de renuncia del presidente, negada por el mismo Zelaya desde Costa Rica. Dicha carta falsificada fue más que suficiente para que el presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti, fuera designado presidente de facto por el poder legislativo. A pesar de esto, los diputados golpistas siguen jalando por los cabellos leyes, normas y artículos de la constitución para justificar una inhabilitación o destitución de Zelaya que les de segundos más de vida al gobierno de facto.

Todo está ahora en manos de las organizaciones internacionales y su capacidad de reacción; en un rotundo pronunciamiento de los Estados Unidos; en la ofensiva de los países progresistas de la región; pero sobre todo y más que todo en el pueblo.

Pueblo hondureño en la calle

Pueblo hondureño en la calle

De hecho, acaso Hegel podría equivocarse. Quizás ese pueblo hondureño revierta la fatídica historia como, el 13 de abril de 2002, lo hizo el venezolano.

De no ser así los relojes de la región se retrazarían de, al menos 30 años, cuando el “patio trasero” de los Estados Unidos era regado por gorilas golpistas con la sangre de nuestros pueblos.

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Intelectuales, poder y revolución
Jesús Puerta

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Alguna vez Umberto Eco simbolizó con tres nombres ejemplares, Platón, Aristóteles y Sócrates, las tres relaciones posibles entre los intelectuales y el poder.

Platón propuso que el Rey fuera filósofo, o al revés, que el filósofo (el sabio) fuera Rey. En otras palabras, proyectó un estado donde se identificara al Político con el Pensador. Tuvo la desgracia de conseguirse con un tirano de nombre Dioniso, que se tenía a sí mismo como filósofo y expulsó a su hasta entonces asesor platónico, porque no podía haber sabio más sabio que el Tirano. De paso, como explica Foucault, los tiranos de aquella época no tenían tan mala reputación como ahora. Simplemente eran aquellos cuyo éxito político, su poder personal total, se debía a su propio mérito, el cual también había que reconocérsele porque buscaban (y decían que encontraban) la verdad por sí mismos.

Aristóteles educó a Alejandro y éste siempre lo recordó con gratitud. Y ya. Los éxitos políticos y militares fueron de Alejandro y de nadie más. El Maestro suspiró en la lejanía. Metafísicamente. Siempre a los maestros y profesores nos alegra la fortuna y los méritos del discípulo. Tal vez porque sabemos que, de alguna manera, tuvimos la mano metida en eso. La mano, no: la palabra, la enseñanza.

Sócrates se puso a preguntarle a los poderosos de su estado, porque reconocía que él sólo sabía que no sabía nada. Como siempre, los poderosos asumían la actitud de que se las sabían todas, que se la estaban comiendo, pues. El Poder suele inflar y los egos hinchados ciegan. No era su culpa que esas preguntas atormentaran a los oligarcas y políticos que se encontraban con la fastidiosa preguntadera mayéutica socrática. Fue peor para él que los hombres del Poder evidenciaran que, contra su propia soberbia, tampoco sabían nada. Por ese fastidio, Sócrates fue condenado a muerte.

Por supuesto, uso aquí, como Eco, el concepto de “intelectuales” en un sentido cercano al de “autor”. Gramsci señalaba que todos los hombres usan el intelecto y son, en ese sentido, intelectuales, con la pequeña diferencia de que el intelectual es quien somete a reflexión y crítica sus ideas con cierto orden y sistema. Es decir, que sólo hay una diferencia de grado entre cualquier obrero y un escritor o filósofo. Cabría señalársele al gran teórico italiano que hace tiempo que la división social del trabajo separó, no sólo las clases, sino a los que trabajan con sus manos de los que lo hacen con su cabeza. Marx llamó la atención acerca de esto. O sea, que la diferencia es bastante más problemática que tener un rato dedicado diariamente a la reflexión. En todo caso, Gramsci, como buen leninista, pensaba que la revolución era una labor intelectual y cultural, tanto o más que militar o política. Por eso aquello de “intelectual orgánico”, que vienen siendo algo así como los encargados de conocer, reflexionar y pensar para planificar y organizar la propia clase en lucha.

Por una razón que no me gusta saber, hay un prejuicio antintelectual en muchos altos burócratas del gobierno. Justamente los mismos compañeros que adulan y meten potes de humo hacia arriba, al tiempo que maltratan y desprecian hacia abajo de la pirámide burocrática. Justo esos, son los que más desprecian a los “intelectuales”. Lo curioso es que a veces se presentan ellos mismos como “intelectuales”. Una versión subdesarrollada del tirano Dioniso, el discípulo de Platón.

Ojalá que Gramsci se impusiera y convenciera a esos burócratas de que la revolución es un asunto intelectual, muy intelectual. En el sentido de autores. Que tiene que ver con libros escritos y leídos, y asimilados, y discutidos, muy discutidos. En el sentido de estudio. Incluso en el sentido de refinamiento, que esto no riñe con la humildad y la bonhomía. Mucho menos con la solidaridad socialista. Al contrario. La adulancia hacia arriba y el maltrato hacia abajo, sí que está reñido con la inteligencia y con la Revolución. Como Globovisión, pues.

Digo, porque si no, no nos quedará otra que hacernos unos Sócrates fastidiosos y preguntones.

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Intelectuales trágicos

Jesús Puerta

Dike vence a Adikia

Dike vence a Adikia

Trágicos fueron y han sido los intelectuales que en la década de los ochenta y noventa trataron de convencer a una dirigencia política, indudable y claramente bruta, de que por su propio bien, para que duraran un poquito más, había que reformar el estado venezolano para hacerlo un poquito más democrático, un poquito más efectivo, un poquito no más; que no robaran taaanto (como decía raspando su garganta el inolvidable Moleiro); que fueran un poquito más creíbles, más sinceros, menos arrogantes y cínicos.

Pero, nada. Estos discípulos definitivamente no eran el Alejandro Magno de Aristóteles. Ni siquiera el Nerón de Séneca. Se reían de sus maestros. Se burlaban de las voces aflautadas y los refinamientos conceptuales y discursivos de sus propios letrados. ¿Qué el “sistema de conciliación de élites” está en crisis? ¿Qué vaina es esa? Y largaban la carcajada. ¿Qué? ¿Descentralización? Pero el partido coloca los candidatos y los gobernadores. ¿Combate a la corrupción? La risa no me deja hablar. ¿Reforma constitucional? Busca los bates y las cabillas para caerle a esos izquierdistas infiltrados.

“No somos suizos”, que frase tan extraordinaria. Digna de Sófocles, de Eurípides. Y los intelectuales lloraban. Que no se entendía, Que hagamos un nuevo pacto por la reforma. Convoquemos primarias. Y la carcajada fluía, atronaba, ensordecía. Los pobres intelectuales trágicos de la derecha, veían que la Penélope de la Reforma, anudaba y desanudaba su tejido interminable aferrándose a esos nuevos acuerdos y pactos. Y en las universidades, otros tantos bolsas escribían y escribían acerca de esos acuerdos y pactos. Y nada. La COPRE fue devorada por su destino. Esos dirigentes políticos del bipartidismo se convirtieron en “coprefagos”.

Eso no significa que los intelectuales trágicos no tuvieran su cancha. Iban a la televisión. Marcel Granier los entrevistaba. Él mismo publicó un libro sobre “La generación de relevo y el estado omnipotente”, criticando a esos tapados. Porque también estos empresarios de los medios son trágicos. Se dedicaron sistemáticamente, orquestadamente, repetitivamente, como sólo ellos lo saben hacer, a desprestigiar a esos partidos o esas partidas de bestias enzapatadas que pretendían ser los grandes jefes del país. Lo peor, era que lo eran. Lo fueron.

El coro siempre representó el pueblo en la tragedia griega. El coro comprendió que esos partidos eran corruptos, ineficaces, mentirosos, hasta asesinos. En realidad, el coro ya lo sabía. Lo había vivido en carne propia. Sólo que cantaban en la tragedia de estos intelectuales trágicos, de estos empresarios de la comunicación trágicos también. Hasta que tomaron la voz cantante.

Más bien sorprende que esa brutalidad y estupidez hubiese estado tanto tiempo en el poder. Posiblemente los dioses concibieron todo su castigo. Castigo a su hybris, a su hypermoira. A la soberbia que los encegueció tan trágicamente.

Lo peor es que esos intelectuales trágicos también cumplieron el papel de esfinge. Pronosticaron el desastre. Sabían lo que iba a ocurrir.

Algunos, desesperada y patéticamente, intentaron algunas iniciativas. El patético Brewer Carías proponiendo una tarjeta extra en diciembre de 1998 para convocar la Constituyente, con el fin de quitarle la iniciativa al odiado que ya era evidente que sería el triunfador de aquellas elecciones trágicas en todo y por todo para las víctimas de la cruel inocencia del devenir. Más tarde, cumpliría otro papel triste y patético, casi cómico, revisando el decreto de la auto-coronación de Carmona Estanga, corrigiendo los errores ortográficos, la construcción sintáctica, tal vez. No fue el único. Hubo muchos que, como la presidenta de la asociación de constitucionalistas, pretendían darle alguna racionalidad al trágico decreto. Pero, nada. Se cumplieron los designios de Temis, las disposiciones del Diké. Esa clase política se derrumbó, fue derrocada, y el coro del pueblo canta, ya no como simple coro, sino como solista.

Pero allí quedaron esos intelectuales trágicos. Los usan, aparecen, son Doxa. Porque se trata de darle un poquito de lustre a tanta oscuridad. Les dan titulares. Abren a veces las primeras planas. Y dicen esas mismas palabras trágicas. Esas mismas flatus vocis (aunque esto es latín y no griego).

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MANIFIESTO DE ESCRITORES DEL PERÚ Y DEL MUNDO SOBRE MASACRE EN LA AMAZONÍA PERUANA
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Nuevamente el rostro lívido de la Bestia, el fascismo, último recurso del capitalismo asesino, desesperado por mantener sus privilegios seculares, masacra impunemente al pueblo peruano. Los señores del caucho se han reencarnado horrorosamente en los gobernantes de una república bananera: Alan García Pérez, el genocida de los penales, el Gabinete Ministerial en pleno, compinches de la masacre, los congresistas del APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo, mienten todos al pueblo peruano, insistiendo en que la población amazónica y sus dirigentes son los culpables de la masacre desatada con exclusiva responsabilidad de Alan García Pérez. El silencio tanto como la desidia nos vuelven cómplices del crimen y nosotros, un puñado de escritores asqueados del circo mediático racista que falsea la verdad de la matanza ordenada por Alan García Pérez, no queremos frenar nuestra lengua.

Hemos visto —no por los canales de televisión— cómo cientos de policías de la DINOES armados cual rambos cholos provocaron al pueblo amazónico. Hemos visto cómo decenas de francotiradores apostados en las azoteas de las casas tiraban a matar con fusiles de guerra iniciando así la carnicería, hemos visto y recibido informes de cómo helicópteros artillados bombardeaban al pueblo inerme, protegido tan sólo con lanzas y flechas (claro, son unos salvajes y feroces chunchos reducidores de cabezas) y si ese pueblo alzado, harto de mentiras y negociaciones estériles y mañosas, ha conseguido armas de fuego es porque en su arrojo se las arrebataron a brazo partido a policías protegidos por chalecos antibalas, expertos en debelar levantamientos, ¿o qué quiere la señora Cabanillas, que el pueblo se deje matar poniendo el pecho abierto como en tantos otros degolladeros realizados en contra de peruanos desarmados?

Encender la televisión o escuchar RPP en estos instantes provoca intensas arcadas. El cerco mediático racista tergiversa los hechos y se empeña brutalmente en demostrar que solamente son policías quienes han muerto en el genocidio. Lamentamos la muerte de esos policías manipulados por el poder corrupto. Pero, ¿quién en su sano juicio osaría defender un orden democrático pútrido en donde un policía o un maestro ganan menos de ochocientos soles y un congresista o ministro se embolsica veinte mil soles mensuales? ¿quién en su sano juicio puede creer que lanzas y flechas pueden más que fusiles de guerra, pueden más que helicópteros artillados, pueden más que granadas y bombas lacrimógenas?

Voluntarios belgas (http://catapa.be/en/north-peru-killings) y amigos presentes en el lugar de la masacre, nos envían fotos, vídeos y testimonios de la cacería desatada por el gobierno en contra de nuestros hermanos amazónicos. En emisoras de Loreto se habla de 150 pobladores asesinados y de la deserción de decenas de soldados, hijos de nativos masacrados. En estos momentos sabemos de buena fuente que las fuerzas del desorden están carbonizando los cadáveres con lanzallamas, están arrojando los cadáveres —que se niegan a devolver a los deudos— a los ríos y quebradas, están fusilando a los líderes indígenas capturados, están deteniendo a todo aquél que tenga “cara de indígena”, están amenazando a periodistas locales y regionales para que no difundan la espantosa verdad del genocidio. Luego el cerco mediático racista dirá que estos indígenas desaparecidos fueron delincuentes terroristas que se hicieron al monte, coronando así esa asociación funcional para el Estado criollo: indio, terrorista y delincuente.

DSC_0448 Es el propio Estado criollo-burgués quien le ha declarado la guerra al pueblo alzado que reclama por el respeto de esa institucionalidad jurídica que el propio Estado dice defender cuando le conviene. El mentado DL 1090 es ANTICONSTITUCIONAL, no contempló jamás el mecanismo de consulta que manda el Convenio OIT 169 suscrito por el Estado criollo y que ahora desconoce. La tenebrosa jactancia de Yehude Simon Munaro no debería sorprendernos: “es el peor de los traidores”, dijo de él alguna vez el finado Alfonso Barrantes Lingán y muchos recuerdan su actitud servil frente al delincuente Kenya Fujimori para lograr prebendas cuando estaba preso por terrorismo. El absoluto cinismo de Alan GarcíaPérez, Yehude Simon Munaro, Mercedes Cabanillas, Ántero Florez-Araoz, Javier Velásquez Quesquén, Rosario Fernández y el hipócrita oxapampino Antonio Brack Egg, causaría envidia a Diógenes llamado el Perro. El Estado criollo encarnado en estos miserables derrama nuevamente sangre inocente de los que sólo tienen su tierra y sus selvas y sus ríos y ni eso quieren dejar estos miserables porque todo se compra y todo se vende en esta democracia de chiquero, porque así lo demandan las transnacionales norteamericanas y chilenas, porque así queda tranquilo San Dionisio Romero Seminario, el izquierdista del Opus Dei, porque si el perro del hortelano jode, entonces Alan García ordena matar al perro del hortelano.

Hace pocos días el escritor admirador de Sancho Panza (“un ciudadano mucho más respetuoso de la ley y del prójimo que su amo”, ha dicho del buen Sancho el entrometido novelista en Venezuela), Mario Vargas Llosa, garrapateó un artículo para rechazar una expresión (“el Perú no necesita Museos de la Memoria”) de Antero Florez-Araoz, Ministro de Defensa del régimen aprista, ex-funcionario del fujimorato y conocido ultraderechista del Partido Popular Cristiano. Pues bien, las ociosas palabras de Vargas Llosa no sirvieron de nada, pues como diría cualquier muchacho listo, Alan García se caga en la memoria, la reconciliación y cualquier concepto que remita a la paz nacional. En su ordinariez Florez-Araoz dijo algo que Vargas Llosa no acepta racionalmente, pero cala en lo más profundo de su ser, como lo demuestra el Informe Uchuraccay, en el cual el novelista tipifica a los uchuraccainos de bárbaros, primitivos, violentos y tutelables. Hace pocos días Vargas Llosa apareció por televisión abrazando al genocida Alan García Pérez, a quien antes despreciaba. Al parecer fue Vargas quien convenció a García de la conveniencia ante los ojos de la comunidad internacional de aceptar la creación del Museo de la Memoria. Con esta nueva matanza, Alan García le demuestra a Mario Vargas Llosa el gran interés que le anima por un Museo de la Memoria.

Deseamos dejar patente nuestra más enérgica repulsa por este orden injusto que se ha impuesto en nuestra patria desde el fujimorato. La imposición a sangre y fuego del MODELO ECONÓMICO NEOLIBERAL —ese que defiende Mario Vargas Llosa— ha causado la masacre de cientos de peruanos humildes de la Amazonía, una masacre que pudo ser evitada por los “señores autoridades”, quienes tan sólo han ratificado que la agresión, el desprecio y el olvido hacia las comunidades nativas amazónicas continúa como hace 500 años. Demandamos que el Estado criollo, corrupto y genocida, derogue los decretos de la muerte y demandamos la vacancia de la Presidencia de la República así como un juicio internacional por delito de genocidio contra Alan García Pérez y sus compinches del Gabinete Ministerial.

Si Julio Ramón Ribeyro fue lo suficientemente diplomático para amarrar su lengua cuando la matanza de los penales en el 1986 y no devolver la Orden del Sol impuesta por el genocida durante su primer gobierno, ¿Vargas Llosa se hará de los cojones necesarios para enfrentar públicamente a su nuevo amigo, el genocida Alan García, y exigir la vacancia inmediata de la Presidencia de la República? Esta vez ya no bastarán cartitas porque “la manera como se ha reprimido estos motines sugiere —por segunda vez—más un arreglo de cuentas con el enemigo que una operación cuyo objetivo era restablecer el orden”.

Un gran brujo amazónico, Ino Moxo, dijo hace mucho tiempo, “cuando pienso en Fitzcarrald y en sus mercenarios, cuando pienso que esos genocidas eran hombres, me dan ganas de nacionalizarme culebra”. Dudamos que el Vargas Llosa amigo de Aznar, Bush y Tatcher demuestre su pregonado humanismo y renuncie al encargo del genocida. Dudamos que el novelista desista a presidir la Comisión de Alto Nivel que desarrollará el proyecto del Museo de la Memoria: persistirá en el empeño, persistirá en la afrenta contra los cientos de pobladores masacrados por las balas asesinas del Estado criollo. A fin de cuentas ambos, García y Vargas, pertenecen al bando neoliberal y nosotros terminaremos con Ino Moxo nacionalizándonos culebra.

7 de junio del 2009

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Propuesta para la recuperación de la salud como derecho, y como asunto público y transparente

Pedro Villasana

medicascubanas

LA SALUD, ¿ASUNTO PÚBLICO O PRIVADO?

La salud, aspecto sensible en todas las sociedades, es de interés y dominio de lo público, o lo privado, en correspondencia con los principios y compromisos sociales de cada nación. Pero el fenómeno no se comporta de manera lógica y lineal, sino muy compleja. La evidencia empírica nos muestra como la salud es a la vez objeto y dominio del interés público y privado, en muy variadas combinaciones y proporciones, y con expresiones más o menos contradictorias y complejas en cuanto a los principios orientadores de la Sociedad se refiere.

Es muy difícil discriminar entre lo público y lo privado en salud (como en otros campos de la vida humana), haciendo más complejo el proceso de definición, caracterización, y posible intervención de los sistemas que se ocupan de atenderla. Las evidencias muestran como las intervenciones, reformas, contrarreformas, etc. en los Sistemas de Atención, está orientada a identificar lo Público con lo Estatal, circunscribiéndose a ello, e ignorando el componente No Estatal, que aunque bajo la administración del Sector Privado (incluyendo las Organizaciones No Gubernamentales, ONGs, fundaciones, etc.), no debería excluirse a priori del interés Público, y por lo tanto como asunto público, en caso de ser entendido así desde los principios orientadores de la Sociedad a la cual responden.

En Venezuela, como en muchos otros países, podemos decir que, estructural y funcionalmente, nuestro Sistema de Atención a la Salud tiene un carácter mixto. Consta de un Subsistema Público y un Subsistema Privado, en lo que se refiere a Modelos de Atención y Gestión, y a los Modelos de Financiamiento que lo orientarían. La salud parece encontrarse en una categoría poco clara en cuanto a su condición de asunto público o privado. Especialmente cuando enfocamos las fuentes de financiamiento, esta percepción del Sistema como mixto tiende a caer en el terreno de la duda. Veamos.

ACERCA DEL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA.

Un vistazo a la caja negra del financiamiento del Sistema de Salud, nos muestra ciertas curiosidades:

1) El presupuesto que el Estado destinó a la atención a la salud para el año 2008 represento alrededor del ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación. Dicho presupuesto tiene una muy compleja composición, que implica a diversos ministerios, institutos, organismos, gobernaciones, alcaldías, misiones nacionales e internacionales, etc. etc. etc. Sobre esto ya para 1984 la COPRE llamaba la atención al señalar que en Venezuela existían para el momento cerca de cien instituciones que se ocupaban de la salud. (Copre 1984). Estos montos, nunca bien conocidos, hacen que la “inversión” en salud satisfaga plenamente las expectativas fijadas por la OMS en términos del porcentaje del PIB que los países deben dedicar a la atención a la salud.

2)Debe señalarse, que más allá de los incuestionables logros y avances que se han alcanzado en la atención a la salud, estas “inversiones” se encuentran hoy, lejos de garantizar una atención de carácter “universal, integral y gratuita” como lo manda la Constitución de 1999. Amén de la cruel y perversa ineficiencia e ineficacia que ha caracterizado y caracteriza a los diversos intentos de reforma históricamente intentados, tanto en la Cuarta, como en la Quinta República. El impacto en nuestros indicadores de salud parece no corresponderse con las ingentes cantidades de dinero “invertidas”.

3) En tercer lugar, debemos reconocer que resulta poco menos que imposible conocer, aunque sea de manera aproximada, el monto de la “inversión” en salud. Sobre todo cuando intentamos incorporar a nuestra cuenta las partidas destinadas por diversos (nuevamente) ministerios, institutos, organismos, gobernaciones, alcaldías, misiones nacionales e internacionales, etc. etc. etc., a la contratación de pólizas de Seguro para sus trabajadores y los familiares de estos, conocidos popularmente como HCM (pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad). En la mayoría de los casos incorporado este “beneficio” a las “conquistas” de contratos colectivos de diversa índole. Tomemos en cuenta además, que estos trabajadores son objeto también de la atención tanto del Sistema Público de Salud dependiente del MPPS, como del IVSS. Es decir, cuentan “por lo menos” con tres responsables de su atención, pero lo más curioso, su atención es objeto de un triple gasto, por lo menos. Esto parece por lo menos ineficiente, pero, es que además es reportado como ineficaz por sus supuestos beneficiarios.

4) También llama la atención que, en el marco de los diversos e inconclusos intentos de poner algún orden a la atención a la salud, podemos encontrar múltiples reacciones de parte de diversos actores frente a dichos intentos. El Proyecto de Ley de Salud en perpetua e inconclusa discusión en nuestra Asamblea Nacional, representa un caso emblemático.

¿QUIÉN ES EL BENEFICIARIO DEL FINANCIAMIENTO?

Para ilustrar este aspecto, recordemos las intensas discusiones que se dieron en el escenario político nacional respecto al Proyecto de la Nueva Ley de Salud, la cual por cierto, todavía duerme el sueño de los justos, arrullada por el canto interesado de diversos actores que siguen tratando de ajustarla a su medida.

En el año 2006 Alfredo Ramos, directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), “rechazó la nueva Ley de Salud y denunció que el seguro de HCM sería eliminado. Expresó que la nueva Ley se traducirá en despidos masivos y no se sabe qué pasará con los seguros. Ramos dijo que propondrá la próxima semana en la reunión de la CTV el llamado a un frente común para enfrentar la Ley de Salud”. Además se anuncia en prensa que: “Médicos marcharán el 20 de septiembre contra la Ley de Salud. León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela (FMV), dijo que se revierte la descentralización, bloquea y elimina las discusiones de las contrataciones colectivas, busca eliminar la representación gremial, y afecta a la propiedad privada, como las clínicas”. Se muestran algunas de las motivaciones del desacuerdo: la amenaza a las parcelas regionales de poder y a intereses privados. Los HCM y los intereses en el negocio comienzan a desnudarse como fuertes motivos para adversar la Ley. La descentralización es esgrimida como escudo argumental. (Villasana 2005).

Otros actores como Justicia Obrera, manifiestaron su rechazo al proyecto de Ley de Salud. Christian Chirinos, su director nacional, explicó que “la nueva ley viola 1.200 convenciones colectivas y contempla la eliminación de los seguros de HCM. Estamos alertando que las familias amparadas por pólizas de HCM se van a quedar sin la estabilidad de salud. Se están quedando 2 millones 800 mil trabajadores sin esta seguridad”. No se discute la eficiencia y eficacia del sistema, tampoco la descentralización. Lo que se evidencia es un tímido asomo a las proporciones que para 2006 puede haber tenido el negocio de los HCM financiado por el Estado; cerca de tres millones de “beneficiarios”, sin contar a sus familiares.

Sin embargo, y en contraposición a lo anterior, se señala que el Sistema de Salud se construye y tiene como finalidad la atención de los y las ciudadanas. A la luz de las cifras antes citadas, esto no queda claro. ¿Son los ciudadanos y ciudadanas los beneficiarios del financiamiento? ¿Es que acaso la grosera ineficiencia e ineficacia que el financiamiento del Sistema de Atención a la Salud se justifica por los beneficios residuales que aportaría a la ciudadanía? ¿Quiénes son los actores que detrás del escenario están tomando las decisiones acerca de cómo se invierten los fondos públicos en salud? ¿Acaso no hay otra salida? Hagamos un intento por visualizar la estructura del túnel en que parece nos encontramos.

¿DE DÓNDE PROVIENE Y HACIA DÓNDE VA EL DINERO?.

Hay un dato muy importante que se encuentra encriptado, , y que a pesar de no estar disponible, creemos está debidamente registrado por las empresas privadas prestadoras de servicios de atención a la salud. Nos referimos a la proporción de pacientes atendidos por dichos centros cuya factura es cancelada por las compañías aseguradoras, lo que llamaremos por ahora “tasa de siniestralidad”. Y para hacer el dato más seductor, sería interesante conocer el porcentaje de estos pacientes cuya póliza es cancelada a las aseguradoras por el Estado, y cuyo “beneficio” es defendido con tanta pasión por los actores visibles antes citados.

El dato crudo o procesado, es “el secreto mejor guardado del Caribe”. Sin embargo, podemos inferir algunas aproximaciones. Pero sobre todo podemos asomarnos a la cifra mágica del monto “invertido” por el Estado en la contratación de las diversas y múltiples pólizas para los “beneficiarios” empleados del Estado y sus familiares.

¡Oh, sorpresa¡, según sus trabajadores (médicos/as y administrativos),la factura de la mayoría de los pacientes atendidos por las clínicas es cancelada por empresas aseguradoras. ¡Oh perplejidad¡, según la misma fuente, de estos pacientes también la mayoría es “beneficiario” de una póliza contratada por el Estado a las compañías aseguradoras. Pero estos datos no se reflejan ni siquiera en los registros y estudios de organismos internacionales. Como muestra, un estudio conducido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en América Latina acerca del gasto de bolsillo en salud, revelando que a principios de los noventa, independientemente del tiempo transcurrido, marcaban una tendencia creciente que se ha ido consolidando en el tiempo. Estas pistas nos pueden servir para tener una idea de la composición del gasto en salud en sus fuentes. Veamos.

Según OPS, “se analiza la importancia de los recursos que destinan las familias para obtener bienes y servicios médicos con relación al gasto en salud total. Esto es, el gasto que realizan los hogares, entendiendo por este, todos los componentes del gasto de bolsillo. Todo esto se ha llamado también “gasto privado en salud”. Su complemento es el llamado “gasto público” que está conformado por las contribuciones que provienen de impuestos generales, los aportes que realizan los gobiernos locales y municipales y por las contribuciones de la seguridad social destinadas a programas médicos y a programas específicos.

También se señala en el informe que: “La información actualizada, respecto a la composición por fuentes de financiamiento del gasto según las fuentes de financiamiento, es escasa y poco sistematizada”. Se muestra como “para algunos países de la región, la distribución del gasto total en salud entre el gasto público y el gasto privado. El gasto promedio efectuado por los hogares en la región representó en 1991, alrededor del 57% del gasto nacional de salud, mientras que el gasto gubernamental representó el 43% restante. En el caso de Venezuela representó una proporción de 76% gasto privado y 26% gasto público”.

Según el mismo informe, “esta desagregación del gasto para América Latina muestra que, a diferencia de lo percibido por los gobiernos de la mayor parte de los países de la región, el gasto efectuado por los hogares en muchos países, es la fuente de financiamiento más importante del gasto nacional en salud”. Resultados que contrastan con los de países más desarrollados. En Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Holanda, Italia y Dinamarca, el gasto efectuado por los hogares, representó entre 30% y 8,4% como máximo y mínimo.

Lo anterior parece contradecir la tesis de que en nuestro país la proporción del gasto en salud tiene su mayor peso en el financiamiento estatal. Pero no nos engañemos, el estudio referenciado, tal como en el mismo informe se reconoce, se basa en información “escasa y poco sistematizada”. Si tomamos estos resultados como válidos, deberíamos preguntar: ¿están contabilizados los contratos estatales con las aseguradoras como gasto público o como gasto privado?, además, de ser confiables estos resultados, ¿cuál es el peso que en este “gasto de bolsillo” tiene el gasto privado en medicamentos y otros complementos de la atención?.

Las fuentes, de bolsillo, o Estatales resultan mas o menos visibles en este punto, pero el destino de cuantiosas sumas de dinero requiere un examen mas estrecho. Parece que durante mucho tiempo hemos estado percibiendo como los mayores beneficiarios de este negocio a los payasos, y no a los dueños del circo. Es de aceptación casi general la idea de que son las empresas privadas prestadoras de servicios de salud (clínicas privadas), quienes obtienen la mejor y mayor tajada de este pastel de dinero estatal.

Sin embargo, debe destacarse que aún y cuando las ganancias de las clínicas son considerables, y en algunos casos escandalosas, estas ganancias no representan más que una mínima parte del pastel. Pues en definitiva las clínicas prestan un servicio en cada evento que ocurre, siempre y cuando sea autorizado por las compañías aseguradoras; y esta tasa de siniestralidad resulta ser lo suficientemente baja para que el negocio resulte escandalosamente rentable para las aseguradoras, destino de los mayores beneficios. Escandalosamente rentable pues son las clínicas privadas quienes prestan el servicio, y es el Estado quien pone el dinero. Lo escandaloso es que son los intermediarios quienes obtienen la mayor y mejor tasa de ganancia en este negocio, teniendo además la prerrogativa de fijar los precios tanto de las pólizas, como de los precios a cancelar a las clínicas por el servicio, es como cobrarse y darse el cambio. Las preguntas obligadas son: ¿cómo lo hacen?, ¿cómo es que disponen de este poder?, y de manera inocente, ¿acaso miembros de la estructura gubernamental que administra el dinero del Estado son parte del negocio?. “Algo huele mal en Dinamarca”.

ACERCA DEL PAPEL DE LAS CLÍNICAS PRIVADAS Y LA CIUDADANÍA.

No negamos el hecho de que, bien sea por vía impositiva con la intermediación del Estado, o directamente de sus bolsillos, la ciudadanía parece ser una importante fuente de los recursos captados por la llamada empresa privada prestadora de servicios de salud, la cual ha crecido exponencialmente en las últimas tres décadas, a un ritmo que aún hoy sigue llamando la atención en el marco de la Revolución Bolivariana. Si traemos además a esta cuenta los recursos destinados a la contratación de pólizas con las compañías aseguradoras por parte del Estado. Preguntamos: ¿existe una empresa privada prestadora de servicios de salud?

La respuesta no queda clara. Si entendemos como empresa privada aquella que obtiene su financiamiento fundamental en el juego del mercado, debemos responder que no. Nuestras “empresas privadas prestadoras de servicios de salud”, al igual que muchas que se ocupan en otros campos de la vida económica de la nación, se parecen mas a empresas públicas administradas y gestionadas por privados, pero financiadas en su mayor proporción con fondos públicos en una relación de carácter parasitario con el Estado que hace compleja su clasificación. Si nos enfocamos en el punto de destino, por una u otra vía, una parte del gasto o inversión llega a nuestra sui-generis “empresa privada”. Resulta poco menos que misterioso que las clínicas se sometan a esta relación asimétrica con las aseguradoras intermediarias con el Estado. ¿Acaso juegan factores de poder que “posibilitan” esta inusual y sospechosa relación?.

También llama la atención la posición asumida por representaciones gremiales y de la llamada Sociedad Civil sobre los HCM. El “terror colectivo” frente a la posibilidad de “caer” en un deteriorado hospital público parece ser de alta prevalencia en nuestra población, desde profesionales universitarios hasta empleados de bajo rango en cualquiera de nuestras instituciones, quienes serían capaces de “defender este beneficio” con la propia vida si fuese necesario. ¿Cómo se construye este estado de terror?, ¿qué hace posible este chantaje colectivo?, ¿quiénes se benefician de este chantaje?, ¿cómo es que la ciudadanía que en definitiva es el Estado, y somos todos, permite, propicia y defiende esta situación?. Estas preguntas son definitivamente inconvenientes y casi un desvarío en el actual estado de cosas, lo cual no las hace impertinentes, sino que las reafirma como necesarias y urgentes.

En relación al triste papel de cómplices que estamos jugando como ciudadanía, recordemos que la Constitución de 1999 dibuja un modelo de Sociedad fundado en la participación y la construcción del Poder Popular para reivindicar los Derechos Sociales, entre ellos la salud. Recordemos que para 1998, gracias a la diligente actuación de Rafael Caldera y el Congreso que lo acompañó, se encontraba listo y aprobado (actualmente suspendido), un paquete de Leyes que regularizaba la privatización de la Seguridad Social y del Sistema Público de Salud. Resulta paradójico que en estas nuevas condiciones esta vergonzosa situación sea posible. El ejercicio del Poder Popular brilla por su ausencia.

Entonces, si es el Estado quien financia tanto el Subsector Público como el “Privado”, y esto es además un mecanismo perfectamente legal e institucionalizado, ¿cuál es la justificación de la perversa ineficiencia e ineficacia del triple gasto al cual hicimos referencia líneas atrás?. Vamos a intentar mostrar algunas posibles salidas de este túnel. Vamos a desvariar.

ALGUNOS ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCIÓN DE UNA PROPUESTA. PREMISAS:

* El Estado es la principal fuente de financiamiento de las empresas privadas prestadoras de servicios de salud. Parece no haber tal empresa privada. La composición del gasto en salud, al incluir como gasto público los recursos destinados a las aseguradoras y a las empresas “privadas” es predominantemente de origen estatal.
* El Estado es el principal cliente de las pólizas de HCM de las aseguradoras a través de la contratación de este servicio para sus trabajadores y los familiares de estos.
* Parece no tener sentido la necesidad de la intermediación entre el Estado como contratante del servicio, y las clínicas privadas como prestadoras del mismo.
* La ineficiencia del gasto público en salud puede entenderse y explicarse, pero no justificarse, al seguir la pista al dinero desde su fuente a su destino. Siendo uno de los aspectos fundamentales los indudables beneficios que reporta la fragmentación del sistema a un negocio con estas características. El negocio es el desorden.
* A pesar de ser el Estado quien mayoritariamente financia el Sistema de Atención a la Salud, incluyendo los subsectores Público y Privado y a las compañías aseguradoras intermediarias; el control del proceso, desde fijar las tarifas hasta establecer las características y límites de las prestaciones, se encuentra fuera de su control. Debe señalarse que los llamados procesos de “licitación”, no garantizan de ninguna manera la transparencia de las contrataciones y prestaciones, y mucho menos previenen la “cartelización” de las empresas contratadas en la fijación de las tarifas.
* La información relativa a todo este proceso, desde los montos y servicios contratados, hasta las tasas de accidentabilidad y las irregularidades en la prestación del servicio es, tal y como lo señala el estudio de OPS, “escasa y poco sistematizada”. Es decir, el Estado no tiene conocimiento ni control del gasto público en salud que destina al financiamiento del subsector privado.
* El Estado y la ciudadanía nos encontramos a la merced de los designios, apetencias, y prácticas especulativas y poco transparentes de las compañías aseguradoras y sus operadores, las clínicas. Esto sin tomar en cuenta el papel que juega la industria químico – farmacéutica nacional y transnacional en el país. No hay control, y además esta situación se desarrolla en un vergonzoso marco de legalidad y complicidades.

Tomando en cuenta lo anterior nos permitimos esbozar la siguiente propuesta:

1) Se propone normalizar y normatizar las actividades de nuestro Sistema de Atención a la Salud, incluyendo los subsectores Público y Privado. Esto sobre la base de la creación del Sistema Único Nacional de Salud, ya propuesto en la Nueva Ley de Salud que duerme un inexplicable sueño en la Asamblea Nacional. Sin embargo el inexcusable retardo en su aprobación no puede convertirse en la excusa perfecta para bloquear cualquier iniciativa.

2) Se propone cancelar (suspender) la contratación por parte del Estado de pólizas de aseguramiento de Hospitalización, Cirugía y Maternidad para la totalidad de sus trabajadores y los familiares de estos en todas las instancias dependientes del Estado.

3) Se propone la creación de una Dirección General de Intermediación o de Contratación a Terceros, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud, una CAJA DE COMPENSACIÓN. Esta cumpliría la función de gestionar las relaciones técnicas y comerciales con las instituciones privadas prestadoras de servicios de salud.

Algunas ideas para la instrumentación de esta propuesta:

3.1) Ante la aparente incapacidad del Estado para responder a las necesidades de atención de la población, especialmente los trabajadores del Estado, reconocida explícitamente a través de la contratación con las aseguradoras, y evidenciada en las abarrotadas emergencias de las clínicas. Se propone establecer un sistema de contratación directa de servicios entre el Estado y las clínicas, prescindiendo de la intermediación de las aseguradoras, y teniendo como objetivo la normatización, eficiencia y eficacia en la inversión pública en salud, pero ante todo, la normalización – sinceración de la relación Estado – Proveedores Privados de Servicios. Esta relación de contratación de servicios es legal, legítima y transparente, tanto como la contratación de obras u otros servicios para la colectividad entre el Estado y los Privados.

LA CAJA DE COMPENSACIÓN, podría instrumentarse de la siguiente forma:

1-1.La Caja se encontraría bajo la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Respondiendo a los lineamientos de política establecidos desde esta instancia.

1-2.Esta Caja, tendría la responsabilidad de administración de los fondos destinados a estos fines por el Estado, y la coordinación de las actividades de contratación y prestación del servicio, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República, la Contraloría Interna del MPPS, y las diferentes instancias de la Contraloría Social. Contando con oficinas en cada entidad regional y municipal, encargadas de cumplir las funciones.

1-3.La conformación de esta Caja de Compensación, y de sus correspondientes instancias regionales y municipales podría ser de la siguiente forma:

* Un representante del Ejecutivo (MPPS).
* Un representante de las empresas privadas prestadoras de servicios de salud.
* Un representante de la comunidad o del órgano de Contraloría Social correspondiente, Estos representantes de la comunidad serían necesariamente de elección popular, tendrían rango de funcionarios públicos con un lapso de ejercicio en sus funciones de cuatro años, y estarían sujetos a las mismas condiciones que todos los cargos de elección popular, incluido el referéndum revocatorio.
* Un representante de la Contraloría de la Nación, del estado, o del municipio.

1-4.Los fondos o presupuesto destinados a estos fines pueden ser calculados en principio sobre la base de la tasa de siniestralidad y los registros de las empresas privadas prestadoras de servicios de salud interesadas en normalizar una relación comercial transparente con el Estado. Esta relación resulta indudablemente atractiva para estas empresas, tomando en cuenta que continuarían prestando los servicios que hasta ahora prestan, con el valor agregado de no estar subsumidas a la intermediación especulativa de las empresas aseguradoras.

ACERCA DEL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO:

1-5.Tomando en cuenta el evidente riesgo de corrupción y clientelismo a que estaría expuesto el funcionamiento del sistema, se propone la implantación de un sistema de control posterior por sorteo al azar, sujeto a normas de bonificación o penalización de acuerdo al caso. Esta función de monitoreo y fiscalización estaría bajo la responsabilidad de las instancias nacional, regional y municipal de la CAJA, y el informe deberá estar disponible como documento público para su revisión en caso de ser requerido por cualquier ciudadano, y además en la página web de la CAJA en tiempo real, siendo objeto de penalización o bonificación el cumplimiento o la falta del mismo por las instancias respectivas. Este sistema de control posterior, se establece con la finalidad de dar agilidad y eficiencia al sistema de prestación de los servicios; buscando superar los conocidos y engorrosos obstáculos y trámites actuales de las compañías aseguradoras. Serán objeto de penalización (a ser establecida), tanto los funcionarios, como las empresas prestadoras de servicios, y también los usuarios del sistema, para lo cual han de hacerse los ajustes pertinentes en la normativa legal.

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES:

Esta propuesta no pretende ser novedosa, pues no lo es, ni tampoco exhaustiva. Sólo busca poner de una vez en la mesa de discusión esta situación a la que no podemos ni debemos seguir ignorando. El actual momento y condiciones políticas de nuestra nación representa una indudable oportunidad para poner cierto orden y transparencia en el Sector Salud. No hacerlo es prolongar la complicidad, seguir de víctimas del chantaje o como participantes del mismo.

Pensamos que por vía Legislativa y/o Ejecutiva es posible viabilizar esto o algo como esto. Debemos discutirlo, salir del túnel está en nuestras manos.

Patria, Socialismo o Muerte … Venceremos.

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