Hipoliderazgo

Jesús Puerta

En un artículo pasado, querido lector, le comenté algunas figuras que ilustraban la relación entre los intelectuales y el poder.

Le hablé de Platón, el proponente del Rey-filósofo que, a la postre, fue víctima de un Tirano que se creyó filósofo y expulsó a su platónico mentor porque en su isla no podía haber otro.

Le mencioné a Aristóteles, maestro y tutor de Alejandro Magno, tal vez el más feliz, porque se congratulaba suspirando, a la distancia y con nostalgia, de los éxitos de su anterior discípulo.

Le referí a Sócrates, el insoportable preguntón, que le demostraba a los arrogantes del Poder que sabían tan poco como él, con la gran diferencia que él sabñia que no sabía, mientras ellos creían que sabían y lo demás era “paja”.

En otra colaboración, conté la tragedia de los intelectuales trágicos de la reforma del Estado, de la COPRE y su destino, de los sabios desesperados por la brutalidad suicida de sus cogollos. Del llanto que los acompañó durante toda la década de los ochenta. De ansiedad, angustia y desesperación al ver consumado el gran fracaso del bipartidismo.

Hoy, querido lector, escribiré acerca de una cuarta figura de intelectual relacionado con el Poder: Ulises. El Rey de Ítaca acompañó al inepto y cornudo Agamenón en una guerra que sólo se ganó por la fama y la bravura de Aquiles, y el propio ingenio de Odiseo, que así también le llaman a nuestro personaje.

Ya usted sabe qué representaría aquí Ulises: el intelectual resuelve peos. El astuto que usa su intelecto para sacarle la pata del barro al jefe, aún reconociendo esa ineptitud y cornudez de los agamenones. De Ulises fue la idea del famoso caballo frente al cual se rindió Troya. Y ardió al final.

Se trata de un intelectual ideal. No habla paja. No pregunta demasiado. No enseña demasiado. Nada en demasía; sólo aporta ideas brillantes, prácticas, sencillas, con las cuales resolverle la vida a Agamenón. Claro: Ulises es Rey. Y, a diferencia de Agamenón, tiene una esposa fiel y (¡caramba!) tan astuta como su marido, Penélope, quien tejía y destejía el manto aquel, mientras esperaba a su amor.

De modo que de ingenio en ingenio, de astucia en astucia, el Rey Ulises llega a su casa y acaba con los pretendientes a su trono y a las delicias de Penélope. Es ese momento, la matanza de los pretendientes, cuando Ulises se nos revela como es: el Rey Sabio ¡Mira, Platón, por donde vuelves a salir!

Tal vez Ulises desarrollaba un hipoliderazgo. Siguiendo la matriz explicada con brillo el domingo 14 de junio por el Presidente Chávez, seguramente Ulises entendía que contaba con un equipo (o sea, Penélope) con suficiente capacidad y voluntad, en el cual podía delegar tranquilamente, mientras se dedicaba a ganar guerras, escuchar sin consecuencias cantos de sirena (no de ballenas), zafarse de los embrujos de una encantadora hechicera y dirigir su nave a través del Ponto vinoso hasta la Patria.

La matriz de liderazgo explicada por el presidente Chávez, evidencia el brillo de un intelectual. Él mismo reconoce que ha estudiado y hasta escrito cosas de su propia cosecha, al tiempo que felicitaba a los intelectuales reunidos en el CIM. O sea, Chávez es un intelectual. ¡Platón mira por donde apareces!

La matriz que nos enseñó el presidente Chávez, da la razón, de una manera sencilla, lógica, clara, por qué en un equipo con baja capacidad y voluntad, el estilo debe ser el de “dirigir”, meterse el jefe en todo, controlarlo todo. Explica también por qué el presidente Chávez considera que, al contrario de lo que se dice, no se mete en todas las cosas en que debiera meterse. O sea, que el presidente Chávez, en realidad, desarrolla en ciertos aspectos, un hipoliderazgo.

¿O, al contrario, su equipo es el hipo que lo obliga a ser hiper?

Propuesta para la recuperación de la salud como derecho, y como asunto público y transparente

Pedro Villasana

LA SALUD, ¿ASUNTO PÚBLICO O PRIVADO?

La salud, aspecto sensible en todas las sociedades, es de interés y dominio de lo público, o lo privado, en correspondencia con los principios y compromisos sociales de cada nación. Pero el fenómeno no se comporta de manera lógica y lineal, sino muy compleja. La evidencia empírica nos muestra como la salud es a la vez objeto y dominio del interés público y privado, en muy variadas combinaciones y proporciones, y con expresiones más o menos contradictorias y complejas en cuanto a los principios orientadores de la Sociedad se refiere.

Es muy difícil discriminar entre lo público y lo privado en salud (como en otros campos de la vida humana), haciendo más complejo el proceso de definición, caracterización, y posible intervención de los sistemas que se ocupan de atenderla. Las evidencias muestran como las intervenciones, reformas, contrarreformas, etc. en los Sistemas de Atención, está orientada a identificar lo Público con lo Estatal, circunscribiéndose a ello, e ignorando el componente No Estatal, que aunque bajo la administración del Sector Privado (incluyendo las Organizaciones No Gubernamentales, ONGs, fundaciones, etc.), no debería excluirse a priori del interés Público, y por lo tanto como asunto público, en caso de ser entendido así desde los principios orientadores de la Sociedad a la cual responden.

En Venezuela, como en muchos otros países, podemos decir que, estructural y funcionalmente, nuestro Sistema de Atención a la Salud tiene un carácter mixto. Consta de un Subsistema Público y un Subsistema Privado, en lo que se refiere a Modelos de Atención y Gestión, y a los Modelos de Financiamiento que lo orientarían. La salud parece encontrarse en una categoría poco clara en cuanto a su condición de asunto público o privado. Especialmente cuando enfocamos las fuentes de financiamiento, esta percepción del Sistema como mixto tiende a caer en el terreno de la duda. Veamos.

ACERCA DEL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA.

Un vistazo a la caja negra del financiamiento del Sistema de Salud, nos muestra ciertas curiosidades:

1) El presupuesto que el Estado destinó a la atención a la salud para el año 2008 represento alrededor del ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación. Dicho presupuesto tiene una muy compleja composición, que implica a diversos ministerios, institutos, organismos, gobernaciones, alcaldías, misiones nacionales e internacionales, etc. etc. etc. Sobre esto ya para 1984 la COPRE llamaba la atención al señalar que en Venezuela existían para el momento cerca de cien instituciones que se ocupaban de la salud. (Copre 1984). Estos montos, nunca bien conocidos, hacen que la “inversión” en salud satisfaga plenamente las expectativas fijadas por la OMS en términos del porcentaje del PIB que los países deben dedicar a la atención a la salud.

2)Debe señalarse, que más allá de los incuestionables logros y avances que se han alcanzado en la atención a la salud, estas “inversiones” se encuentran hoy, lejos de garantizar una atención de carácter “universal, integral y gratuita” como lo manda la Constitución de 1999. Amén de la cruel y perversa ineficiencia e ineficacia que ha caracterizado y caracteriza a los diversos intentos de reforma históricamente intentados, tanto en la Cuarta, como en la Quinta República. El impacto en nuestros indicadores de salud parece no corresponderse con las ingentes cantidades de dinero “invertidas”.

3) En tercer lugar, debemos reconocer que resulta poco menos que imposible conocer, aunque sea de manera aproximada, el monto de la “inversión” en salud. Sobre todo cuando intentamos incorporar a nuestra cuenta las partidas destinadas por diversos (nuevamente) ministerios, institutos, organismos, gobernaciones, alcaldías, misiones nacionales e internacionales, etc. etc. etc., a la contratación de pólizas de Seguro para sus trabajadores y los familiares de estos, conocidos popularmente como HCM (pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad). En la mayoría de los casos incorporado este “beneficio” a las “conquistas” de contratos colectivos de diversa índole. Tomemos en cuenta además, que estos trabajadores son objeto también de la atención tanto del Sistema Público de Salud dependiente del MPPS, como del IVSS. Es decir, cuentan “por lo menos” con tres responsables de su atención, pero lo más curioso, su atención es objeto de un triple gasto, por lo menos. Esto parece por lo menos ineficiente, pero, es que además es reportado como ineficaz por sus supuestos beneficiarios.

4) También llama la atención que, en el marco de los diversos e inconclusos intentos de poner algún orden a la atención a la salud, podemos encontrar múltiples reacciones de parte de diversos actores frente a dichos intentos. El Proyecto de Ley de Salud en perpetua e inconclusa discusión en nuestra Asamblea Nacional, representa un caso emblemático.

¿QUIÉN ES EL BENEFICIARIO DEL FINANCIAMIENTO?

Para ilustrar este aspecto, recordemos las intensas discusiones que se dieron en el escenario político nacional respecto al Proyecto de la Nueva Ley de Salud, la cual por cierto, todavía duerme el sueño de los justos, arrullada por el canto interesado de diversos actores que siguen tratando de ajustarla a su medida.

En el año 2006 Alfredo Ramos, directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), “rechazó la nueva Ley de Salud y denunció que el seguro de HCM sería eliminado. Expresó que la nueva Ley se traducirá en despidos masivos y no se sabe qué pasará con los seguros. Ramos dijo que propondrá la próxima semana en la reunión de la CTV el llamado a un frente común para enfrentar la Ley de Salud”. Además se anuncia en prensa que: “Médicos marcharán el 20 de septiembre contra la Ley de Salud. León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela (FMV), dijo que se revierte la descentralización, bloquea y elimina las discusiones de las contrataciones colectivas, busca eliminar la representación gremial, y afecta a la propiedad privada, como las clínicas”. Se muestran algunas de las motivaciones del desacuerdo: la amenaza a las parcelas regionales de poder y a intereses privados. Los HCM y los intereses en el negocio comienzan a desnudarse como fuertes motivos para adversar la Ley. La descentralización es esgrimida como escudo argumental. (Villasana 2005).

Otros actores como Justicia Obrera, manifiestaron su rechazo al proyecto de Ley de Salud. Christian Chirinos, su director nacional, explicó que “la nueva ley viola 1.200 convenciones colectivas y contempla la eliminación de los seguros de HCM. Estamos alertando que las familias amparadas por pólizas de HCM se van a quedar sin la estabilidad de salud. Se están quedando 2 millones 800 mil trabajadores sin esta seguridad”. No se discute la eficiencia y eficacia del sistema, tampoco la descentralización. Lo que se evidencia es un tímido asomo a las proporciones que para 2006 puede haber tenido el negocio de los HCM financiado por el Estado; cerca de tres millones de “beneficiarios”, sin contar a sus familiares.

Sin embargo, y en contraposición a lo anterior, se señala que el Sistema de Salud se construye y tiene como finalidad la atención de los y las ciudadanas. A la luz de las cifras antes citadas, esto no queda claro. ¿Son los ciudadanos y ciudadanas los beneficiarios del financiamiento? ¿Es que acaso la grosera ineficiencia e ineficacia que el financiamiento del Sistema de Atención a la Salud se justifica por los beneficios residuales que aportaría a la ciudadanía? ¿Quiénes son los actores que detrás del escenario están tomando las decisiones acerca de cómo se invierten los fondos públicos en salud? ¿Acaso no hay otra salida? Hagamos un intento por visualizar la estructura del túnel en que parece nos encontramos.

¿DE DÓNDE PROVIENE Y HACIA DÓNDE VA EL DINERO?.

Hay un dato muy importante que se encuentra encriptado, , y que a pesar de no estar disponible, creemos está debidamente registrado por las empresas privadas prestadoras de servicios de atención a la salud. Nos referimos a la proporción de pacientes atendidos por dichos centros cuya factura es cancelada por las compañías aseguradoras, lo que llamaremos por ahora “tasa de siniestralidad”. Y para hacer el dato más seductor, sería interesante conocer el porcentaje de estos pacientes cuya póliza es cancelada a las aseguradoras por el Estado, y cuyo “beneficio” es defendido con tanta pasión por los actores visibles antes citados.

El dato crudo o procesado, es “el secreto mejor guardado del Caribe”. Sin embargo, podemos inferir algunas aproximaciones. Pero sobre todo podemos asomarnos a la cifra mágica del monto “invertido” por el Estado en la contratación de las diversas y múltiples pólizas para los “beneficiarios” empleados del Estado y sus familiares.

¡Oh, sorpresa¡, según sus trabajadores (médicos/as y administrativos),la factura de la mayoría de los pacientes atendidos por las clínicas es cancelada por empresas aseguradoras. ¡Oh perplejidad¡, según la misma fuente, de estos pacientes también la mayoría es “beneficiario” de una póliza contratada por el Estado a las compañías aseguradoras. Pero estos datos no se reflejan ni siquiera en los registros y estudios de organismos internacionales. Como muestra, un estudio conducido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en América Latina acerca del gasto de bolsillo en salud, revelando que a principios de los noventa, independientemente del tiempo transcurrido, marcaban una tendencia creciente que se ha ido consolidando en el tiempo. Estas pistas nos pueden servir para tener una idea de la composición del gasto en salud en sus fuentes. Veamos.

Según OPS, “se analiza la importancia de los recursos que destinan las familias para obtener bienes y servicios médicos con relación al gasto en salud total. Esto es, el gasto que realizan los hogares, entendiendo por este, todos los componentes del gasto de bolsillo. Todo esto se ha llamado también “gasto privado en salud”. Su complemento es el llamado “gasto público” que está conformado por las contribuciones que provienen de impuestos generales, los aportes que realizan los gobiernos locales y municipales y por las contribuciones de la seguridad social destinadas a programas médicos y a programas específicos.

También se señala en el informe que: “La información actualizada, respecto a la composición por fuentes de financiamiento del gasto según las fuentes de financiamiento, es escasa y poco sistematizada”. Se muestra como “para algunos países de la región, la distribución del gasto total en salud entre el gasto público y el gasto privado. El gasto promedio efectuado por los hogares en la región representó en 1991, alrededor del 57% del gasto nacional de salud, mientras que el gasto gubernamental representó el 43% restante. En el caso de Venezuela representó una proporción de 76% gasto privado y 26% gasto público”.

Según el mismo informe, “esta desagregación del gasto para América Latina muestra que, a diferencia de lo percibido por los gobiernos de la mayor parte de los países de la región, el gasto efectuado por los hogares en muchos países, es la fuente de financiamiento más importante del gasto nacional en salud”. Resultados que contrastan con los de países más desarrollados. En Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Holanda, Italia y Dinamarca, el gasto efectuado por los hogares, representó entre 30% y 8,4% como máximo y mínimo.

Lo anterior parece contradecir la tesis de que en nuestro país la proporción del gasto en salud tiene su mayor peso en el financiamiento estatal. Pero no nos engañemos, el estudio referenciado, tal como en el mismo informe se reconoce, se basa en información “escasa y poco sistematizada”. Si tomamos estos resultados como válidos, deberíamos preguntar: ¿están contabilizados los contratos estatales con las aseguradoras como gasto público o como gasto privado?, además, de ser confiables estos resultados, ¿cuál es el peso que en este “gasto de bolsillo” tiene el gasto privado en medicamentos y otros complementos de la atención?.

Las fuentes, de bolsillo, o Estatales resultan mas o menos visibles en este punto, pero el destino de cuantiosas sumas de dinero requiere un examen mas estrecho. Parece que durante mucho tiempo hemos estado percibiendo como los mayores beneficiarios de este negocio a los payasos, y no a los dueños del circo. Es de aceptación casi general la idea de que son las empresas privadas prestadoras de servicios de salud (clínicas privadas), quienes obtienen la mejor y mayor tajada de este pastel de dinero estatal.

Sin embargo, debe destacarse que aún y cuando las ganancias de las clínicas son considerables, y en algunos casos escandalosas, estas ganancias no representan más que una mínima parte del pastel. Pues en definitiva las clínicas prestan un servicio en cada evento que ocurre, siempre y cuando sea autorizado por las compañías aseguradoras; y esta tasa de siniestralidad resulta ser lo suficientemente baja para que el negocio resulte escandalosamente rentable para las aseguradoras, destino de los mayores beneficios. Escandalosamente rentable pues son las clínicas privadas quienes prestan el servicio, y es el Estado quien pone el dinero. Lo escandaloso es que son los intermediarios quienes obtienen la mayor y mejor tasa de ganancia en este negocio, teniendo además la prerrogativa de fijar los precios tanto de las pólizas, como de los precios a cancelar a las clínicas por el servicio, es como cobrarse y darse el cambio. Las preguntas obligadas son: ¿cómo lo hacen?, ¿cómo es que disponen de este poder?, y de manera inocente, ¿acaso miembros de la estructura gubernamental que administra el dinero del Estado son parte del negocio?. “Algo huele mal en Dinamarca”.

ACERCA DEL PAPEL DE LAS CLÍNICAS PRIVADAS Y LA CIUDADANÍA.

No negamos el hecho de que, bien sea por vía impositiva con la intermediación del Estado, o directamente de sus bolsillos, la ciudadanía parece ser una importante fuente de los recursos captados por la llamada empresa privada prestadora de servicios de salud, la cual ha crecido exponencialmente en las últimas tres décadas, a un ritmo que aún hoy sigue llamando la atención en el marco de la Revolución Bolivariana. Si traemos además a esta cuenta los recursos destinados a la contratación de pólizas con las compañías aseguradoras por parte del Estado. Preguntamos: ¿existe una empresa privada prestadora de servicios de salud?

La respuesta no queda clara. Si entendemos como empresa privada aquella que obtiene su financiamiento fundamental en el juego del mercado, debemos responder que no. Nuestras “empresas privadas prestadoras de servicios de salud”, al igual que muchas que se ocupan en otros campos de la vida económica de la nación, se parecen mas a empresas públicas administradas y gestionadas por privados, pero financiadas en su mayor proporción con fondos públicos en una relación de carácter parasitario con el Estado que hace compleja su clasificación. Si nos enfocamos en el punto de destino, por una u otra vía, una parte del gasto o inversión llega a nuestra sui-generis “empresa privada”. Resulta poco menos que misterioso que las clínicas se sometan a esta relación asimétrica con las aseguradoras intermediarias con el Estado. ¿Acaso juegan factores de poder que “posibilitan” esta inusual y sospechosa relación?.

También llama la atención la posición asumida por representaciones gremiales y de la llamada Sociedad Civil sobre los HCM. El “terror colectivo” frente a la posibilidad de “caer” en un deteriorado hospital público parece ser de alta prevalencia en nuestra población, desde profesionales universitarios hasta empleados de bajo rango en cualquiera de nuestras instituciones, quienes serían capaces de “defender este beneficio” con la propia vida si fuese necesario. ¿Cómo se construye este estado de terror?, ¿qué hace posible este chantaje colectivo?, ¿quiénes se benefician de este chantaje?, ¿cómo es que la ciudadanía que en definitiva es el Estado, y somos todos, permite, propicia y defiende esta situación?. Estas preguntas son definitivamente inconvenientes y casi un desvarío en el actual estado de cosas, lo cual no las hace impertinentes, sino que las reafirma como necesarias y urgentes.

En relación al triste papel de cómplices que estamos jugando como ciudadanía, recordemos que la Constitución de 1999 dibuja un modelo de Sociedad fundado en la participación y la construcción del Poder Popular para reivindicar los Derechos Sociales, entre ellos la salud. Recordemos que para 1998, gracias a la diligente actuación de Rafael Caldera y el Congreso que lo acompañó, se encontraba listo y aprobado (actualmente suspendido), un paquete de Leyes que regularizaba la privatización de la Seguridad Social y del Sistema Público de Salud. Resulta paradójico que en estas nuevas condiciones esta vergonzosa situación sea posible. El ejercicio del Poder Popular brilla por su ausencia.

Entonces, si es el Estado quien financia tanto el Subsector Público como el “Privado”, y esto es además un mecanismo perfectamente legal e institucionalizado, ¿cuál es la justificación de la perversa ineficiencia e ineficacia del triple gasto al cual hicimos referencia líneas atrás?. Vamos a intentar mostrar algunas posibles salidas de este túnel. Vamos a desvariar.

ALGUNOS ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCIÓN DE UNA PROPUESTA. PREMISAS:

* El Estado es la principal fuente de financiamiento de las empresas privadas prestadoras de servicios de salud. Parece no haber tal empresa privada. La composición del gasto en salud, al incluir como gasto público los recursos destinados a las aseguradoras y a las empresas “privadas” es predominantemente de origen estatal.
* El Estado es el principal cliente de las pólizas de HCM de las aseguradoras a través de la contratación de este servicio para sus trabajadores y los familiares de estos.
* Parece no tener sentido la necesidad de la intermediación entre el Estado como contratante del servicio, y las clínicas privadas como prestadoras del mismo.
* La ineficiencia del gasto público en salud puede entenderse y explicarse, pero no justificarse, al seguir la pista al dinero desde su fuente a su destino. Siendo uno de los aspectos fundamentales los indudables beneficios que reporta la fragmentación del sistema a un negocio con estas características. El negocio es el desorden.
* A pesar de ser el Estado quien mayoritariamente financia el Sistema de Atención a la Salud, incluyendo los subsectores Público y Privado y a las compañías aseguradoras intermediarias; el control del proceso, desde fijar las tarifas hasta establecer las características y límites de las prestaciones, se encuentra fuera de su control. Debe señalarse que los llamados procesos de “licitación”, no garantizan de ninguna manera la transparencia de las contrataciones y prestaciones, y mucho menos previenen la “cartelización” de las empresas contratadas en la fijación de las tarifas.
* La información relativa a todo este proceso, desde los montos y servicios contratados, hasta las tasas de accidentabilidad y las irregularidades en la prestación del servicio es, tal y como lo señala el estudio de OPS, “escasa y poco sistematizada”. Es decir, el Estado no tiene conocimiento ni control del gasto público en salud que destina al financiamiento del subsector privado.
* El Estado y la ciudadanía nos encontramos a la merced de los designios, apetencias, y prácticas especulativas y poco transparentes de las compañías aseguradoras y sus operadores, las clínicas. Esto sin tomar en cuenta el papel que juega la industria químico – farmacéutica nacional y transnacional en el país. No hay control, y además esta situación se desarrolla en un vergonzoso marco de legalidad y complicidades.

Tomando en cuenta lo anterior nos permitimos esbozar la siguiente propuesta:

1) Se propone normalizar y normatizar las actividades de nuestro Sistema de Atención a la Salud, incluyendo los subsectores Público y Privado. Esto sobre la base de la creación del Sistema Único Nacional de Salud, ya propuesto en la Nueva Ley de Salud que duerme un inexplicable sueño en la Asamblea Nacional. Sin embargo el inexcusable retardo en su aprobación no puede convertirse en la excusa perfecta para bloquear cualquier iniciativa.

2) Se propone cancelar (suspender) la contratación por parte del Estado de pólizas de aseguramiento de Hospitalización, Cirugía y Maternidad para la totalidad de sus trabajadores y los familiares de estos en todas las instancias dependientes del Estado.

3) Se propone la creación de una Dirección General de Intermediación o de Contratación a Terceros, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud, una CAJA DE COMPENSACIÓN. Esta cumpliría la función de gestionar las relaciones técnicas y comerciales con las instituciones privadas prestadoras de servicios de salud.

Algunas ideas para la instrumentación de esta propuesta:

3.1) Ante la aparente incapacidad del Estado para responder a las necesidades de atención de la población, especialmente los trabajadores del Estado, reconocida explícitamente a través de la contratación con las aseguradoras, y evidenciada en las abarrotadas emergencias de las clínicas. Se propone establecer un sistema de contratación directa de servicios entre el Estado y las clínicas, prescindiendo de la intermediación de las aseguradoras, y teniendo como objetivo la normatización, eficiencia y eficacia en la inversión pública en salud, pero ante todo, la normalización – sinceración de la relación Estado – Proveedores Privados de Servicios. Esta relación de contratación de servicios es legal, legítima y transparente, tanto como la contratación de obras u otros servicios para la colectividad entre el Estado y los Privados.

LA CAJA DE COMPENSACIÓN, podría instrumentarse de la siguiente forma:

1-1.La Caja se encontraría bajo la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Respondiendo a los lineamientos de política establecidos desde esta instancia.

1-2.Esta Caja, tendría la responsabilidad de administración de los fondos destinados a estos fines por el Estado, y la coordinación de las actividades de contratación y prestación del servicio, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República, la Contraloría Interna del MPPS, y las diferentes instancias de la Contraloría Social. Contando con oficinas en cada entidad regional y municipal, encargadas de cumplir las funciones.

1-3.La conformación de esta Caja de Compensación, y de sus correspondientes instancias regionales y municipales podría ser de la siguiente forma:

* Un representante del Ejecutivo (MPPS).
* Un representante de las empresas privadas prestadoras de servicios de salud.
* Un representante de la comunidad o del órgano de Contraloría Social correspondiente, Estos representantes de la comunidad serían necesariamente de elección popular, tendrían rango de funcionarios públicos con un lapso de ejercicio en sus funciones de cuatro años, y estarían sujetos a las mismas condiciones que todos los cargos de elección popular, incluido el referéndum revocatorio.
* Un representante de la Contraloría de la Nación, del estado, o del municipio.

1-4.Los fondos o presupuesto destinados a estos fines pueden ser calculados en principio sobre la base de la tasa de siniestralidad y los registros de las empresas privadas prestadoras de servicios de salud interesadas en normalizar una relación comercial transparente con el Estado. Esta relación resulta indudablemente atractiva para estas empresas, tomando en cuenta que continuarían prestando los servicios que hasta ahora prestan, con el valor agregado de no estar subsumidas a la intermediación especulativa de las empresas aseguradoras.

ACERCA DEL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO:

1-5.Tomando en cuenta el evidente riesgo de corrupción y clientelismo a que estaría expuesto el funcionamiento del sistema, se propone la implantación de un sistema de control posterior por sorteo al azar, sujeto a normas de bonificación o penalización de acuerdo al caso. Esta función de monitoreo y fiscalización estaría bajo la responsabilidad de las instancias nacional, regional y municipal de la CAJA, y el informe deberá estar disponible como documento público para su revisión en caso de ser requerido por cualquier ciudadano, y además en la página web de la CAJA en tiempo real, siendo objeto de penalización o bonificación el cumplimiento o la falta del mismo por las instancias respectivas. Este sistema de control posterior, se establece con la finalidad de dar agilidad y eficiencia al sistema de prestación de los servicios; buscando superar los conocidos y engorrosos obstáculos y trámites actuales de las compañías aseguradoras. Serán objeto de penalización (a ser establecida), tanto los funcionarios, como las empresas prestadoras de servicios, y también los usuarios del sistema, para lo cual han de hacerse los ajustes pertinentes en la normativa legal.

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES:

Esta propuesta no pretende ser novedosa, pues no lo es, ni tampoco exhaustiva. Sólo busca poner de una vez en la mesa de discusión esta situación a la que no podemos ni debemos seguir ignorando. El actual momento y condiciones políticas de nuestra nación representa una indudable oportunidad para poner cierto orden y transparencia en el Sector Salud. No hacerlo es prolongar la complicidad, seguir de víctimas del chantaje o como participantes del mismo.

Pensamos que por vía Legislativa y/o Ejecutiva es posible viabilizar esto o algo como esto. Debemos discutirlo, salir del túnel está en nuestras manos.

Patria, Socialismo o Muerte … Venceremos.

No te Salves

Mario Benedetti

No te quedes inmóvil al

borde del camino

no congeles el júbilo

no quieras con desgana

no te salves ahora

ni nunca.

.

No te salves

no te llenes de calma

no reserves del mundo

sólo un rincón tranquilo

no dejes caer lo párpados

pesados como juicios

no te quedes sin labios

no te duermas sin sueño

no te pienses sin sangre

no te juzgues sin tiempo.

.

Pero si

pese a todo

no puedes evitarlo

y congelas el júbilo

y quieres con desgana

y te salvas ahora

y te llenas de calma

y reservas del mundo

sólo un rincón tranquilo

y dejas caer los párpados

pesados como juicios

y te secas sin labios

y te duermes sin sueño

y te piensas sin sangre

y te juzgas sin tiempo

y te quedas inmóvil

al borde del camino

y te salvas

entonces

no te quedes conmigo

No te Salves en la voz de Mario Benedetti

Benedetti – El Amor, las Mujeres y la Vida

¿Qué pasa en Ciencia y Tecnología? (II)

Franco Díaz¹

Comité de Saberes de El Rincón de Lourdes - Mérida

Volviendo al tema de la gestión revolucionaria en CyT, nos preguntamos ahora sobre lo que fue en un momento el V componente de la Misión Ciencia, los llamados “Comités de Saberes” la intención de crear esta estructura fundamentados en la visión de organización popular para asumir la gestión pública (es bueno señalar que esta propuesta es previa a la consolidación de los Concejos Comunales) y que luego al aparecer la ley que le daba organicidad a los CC se constituían en la lógica expresión de Poder Popular en el área de gestión del MCT con que finalidad? Veamos como se definían estos comités en su momento, cito : “LA MISIÓN CIENCIA EN SU DIMENSIÓN POLÍTICA COADYUVA AL PROCESO DE REFUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA MEDIANTE UNA PROFUNDA TRANSFORMACIÓN CULTURAL PROPICIADA DESDE LA ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO PARA GARANTIZAR LA APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA GESTACIÓN DE UN NUEVO PARADIGMA DE LA CIENCIA.” Como se puede ver esta propuesta se enmarcaba claramente en las premisas de movilización nacional en torno a la ciencia que señalábamos en un artículo anterior, la misma se torna aún más vigente hoy día cuando el tema de la gestión y gerencia del conocimiento se va convirtiendo cada vez más en un tema de máxima prioridad en el marco de la concepción corporativa del manejo del conocimiento lo cual significa el riesgo de que cada vez más el mismo se convierta en una mercancía muy cara y por lo tanto inaccesible a las grandes mayorías-cosa totalmente incompatible con una sociedad que aspira avanzar hacia el socialismo. .

De hecho una organización tan respetable como la OCDE ha realizado un estudio prospectivo acerca de cómo se realiza la gestión de esta área en numerosos países de Europa Occidental, Norteamérica y Asia para tratar de normalizar los criterios con que se realiza la tal gestión, es en ese contexto internacional en el cual se abandona una propuesta que tenía entre sus nobles objetivos el incorporar a la mayor cantidad de ciudadanos a los procesos de gestación, socialización, rescate y sistematización del conocimiento en todas sus manifestaciones, una organización que buscaba romper la visión elitista que siempre se ha tenido de la CyT, que pretendía darle capacidad contralora a las comunidades sobre la gestión en CyT a efectos de que en este sector también se aplicara la máxima de “gobernar obedeciendo”.

¿A que causas podemos referir esta decisión? ¿Indiferencia? ¿Incomprensión de la propuesta? Temor a ser supervisados por una comunidad organizada que a lo mejor hubiese aspirado a ¿enrumbar el desarrollo científico –tecnológico por caminos incluso diferentes a los que el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología señalan? ¿Subestimación de las comunidades al asumir la visión excluyente del experto para evaluar el tema? ¿Cierto Prurito ante la posibilidad de encontrar unas comunidades acuciosas en cuanto a evaluar los gastos del sector? En fin pueden y son tantos los elementos que se pudieran señalar que terminaría siendo infinita la especulación que aquí hacemos. Queda por ahora preguntarse con la llegada del nuevo ministro – aunque sea como encargado, por ahora– ¿no será el momento para una revisión a fondo de la gestión de estos 10 años?

Es también probable que se produzca la remoción de algunos cuadros en esa estructura, no queremos decir aquí que la gente que hasta ahora se ha desempeñado allí no lo haya hecho en el marco de dar lo mejor de si, sino que simplemente algunos ya estén agotados por el largo tiempo de permanencia en la estructura, al decir esto ya me parece escuchar algunos que argüirán el elemento experiencia para justificar ese hecho, pero lo cierto es que entre los mejores equipos y aún más en un área como la ciencia y la tecnología en ambiente de revolución esta más que justificado la salida de algunos camaradas que han estado allí hace ya largo tiempo y que aún queriendo no logran escapar de las lógicas cuarto republicanas instaladas en sus mentes. En resumen el nuevo ministro tiene la oportunidad de generar una revolución en la torre del Chorro.

El debate sobre el Socialismo del Siglo XXI apenas comienza

Gustavo Fernández Colón

Traducción al español de la ponencia leída originalmente en francés en el Coloquio “Crisis ética, ética de crisis”, organizado por la revista Entropía en la Universidad París Descartes, París, el pasado 4 de abril de 2009.

Junto con mis disculpas por mi mal francés, quiero ante todo agradecerles a Jean Claude Besson-Girard, a Yannick de la Fuente, a Claude Llena y al Comité Editorial de la revista Entropía por haber tenido la gentileza de publicar mi artículo y por su  amable invitación para que participe en esta Mesa Redonda.

Yo formo parte de un pequeño grupo de académicos venezolanos interesados en resaltar la importancia de las estrategias alternativas generadas por las comunidades populares para enfrentar la crisis económica y ecológica contemporánea, en el contexto de la transición política por la que atraviesan actualmente mi país y, en general, América Latina.

Desde esta perspectiva, quisiera compartir con ustedes algunas apreciaciones acerca del « viraje a la izquierda » de la política latinoamericana que ha tenido lugar durante la última década, precedido por fuertes movimientos sociales de protesta contra la agudización de la desigualdad y la pobreza provocada por las políticas neoliberales de la década de los noventa.

Desde el primer triunfo electoral del presidente Chávez en Venezuela en 1999 hasta la más reciente elección del presidente Mauricio Funes en El Salvador el pasado quince de marzo, las organizaciones políticas de izquierda han llegado al poder en muchos países, aunque con orientaciones filosóficas, programas de gobierno y contextos de acción muy diferentes.

Pero más allá de las divergencias, es posible identificar algunos rasgos comunes en todos los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana. La primera característica es el énfasis en el rol del estado para frenar los desequilibrios sociales generados por el mercado. En la práctica, esto ha implicado una mayor preocupación por la justicia social, el fortalecimiento de los servicios estatales de educación, salud y bienestar social destinados a atender a los más pobres, el énfasis en la soberanía económica, una mayor cooperación e integración entre los países de la región y el intento de zafarnos de nuestra subordinación a los Estados Unidos.

Pero aun reconociendo los méritos éticos y políticos de este esfuerzo, observamos con preocupación que el problema de la sustentabilidad ecológica de nuestras estrategias de desarrollo aún no está siendo considerado en serio por la mayor parte de los líderes y cuadros dirigentes de la nueva izquierda latinoamericana. Todavía palabras como desarrollo, progreso y crecimiento económico continúan orientando los objetivos de las políticas gubernamentales.

Es justo señalar que ha habido avances conceptuales importantes en materia de sustentabilidad ecológica. Un ejemplo lo tenemos en la nueva Constitución de la República del Ecuador, que reconoce a la naturaleza o Pacha Mama como sujeto de derecho, y otro en la declaración de los diez mandamientos para salvar al planeta, la humanidad y la vida del presidente de Bolivia Evo Morales. Pero en la práctica, la acción política sigue condicionada por la urgencia de hacer crecer nuestras economías para distribuir la riqueza de una manera más equitativa y atender los problemas de la pobreza y la miseria que aquejan a la inmensa mayoría de nuestra población.

La actual crisis del sistema capitalista mundial, que ha hecho perder sus empleos y sus viviendas a miles de estadounidenses y que ha desencadenado las recientes movilizaciones de protesta de los trabajadores de Francia, también está teniendo un fuerte impacto en las economías latinoamericanas a raíz de la caída de los precios y los volúmenes de nuestras exportaciones. No sabemos cuánto tiempo pueda prolongarse esta depresión global ni la magnitud de los daños que causará en el mundo entero. Lo que sí es cierto es que representa tanto una oportunidad como una amenaza para los esfuerzos destinados a la construcción de una economía no solo justa sino también ecológicamente sustentable.

La recesión global es una amenaza porque el propósito de reactivar el crecimiento económico puede imponerse como un reto urgente para tratar de contener el creciente malestar social y porque puede servir también de excusa para justificar estrategias de desarrollo ambientalmente insostenibles bajo la promesa de crear más empleos.Por otra parte, la crisis económica puede también convertirse en una oportunidad si su coincidencia con los signos del avanzado deterioro ambiental de nuestro planeta contribuye a poner en evidencia que la lógica capitalista nos está conduciendo no sólo a una debacle económica que agravará la pobreza y el sufrimiento de la mayor parte de la humanidad, sino a un desastre ecológico que está poniendo en riesgo la sobrevivencia misma de nuestra especie.

En consecuencia, el actual proceso de agudización de las contradicciones sociales, económicas y ecológicas del sistema capitalista mundial, podría desencadenar una metamorfosis civilizatoria si logramos traducir en acciones colectivas lo que Serge Latouche ha denominado la “pedagogía de la catástrofe”. En Venezuela, como en muchos otros países del mundo, la conciencia acerca de la gravedad de la crisis ecológica es todavía incipiente. Y si bien es cierto que, desde hace una década, el gobierno revolucionario que dirige el presidente Chávez ha hecho avances importantes en materia de disminución de la pobreza y redistribución de la renta nacional con criterios de equidad, el ideario del socialismo del siglo XXI defendido por nuestro gobierno todavía responde, en sus rasgos fundamentales, al paradigma desarrollista compartido tanto por las derechas como por las izquierdas del siglo
XX.

Para hacerse una idea del alcance de las políticas sociales de nuestro gobierno, vale la pena examinar el más reciente informe publicado por la CEPAL o Comisión Económica para América latina y el Caribe. De acuerdo con este organismo dependiente de la ONU encargado de sistematizar las estadísticas sobre la situación económica en América latina, la pobreza en Venezuela disminuyó de un 49,4 % en 1999 a un 30,2 % en 2006, mientras que la indigencia o pobreza extrema pasó del 21,7% al 99% en el mismo período. Del mismo modo, la mortalidad infantil descendió en casi cinco puntos porcentuales entre el 2003 y el 2007. El desempleo disminuyó desde el 14% en 1999 hasta el 7,1%.Gracias a nuevas formas de organización comunitaria como las “mesas de agua”, se ha ampliado el suministro de agua potable hasta alcanzar el 92% de la población. Se ha creado un servicio estatal de distribución de alimentos subsidiados que alcanza a 14 millones de personas. Se ha extendido considerablemente la atención médica gratuita a los más necesitados, mediante la puesta en funcionamiento de 4500 consultorios y clínicas populares. El país fue declarado territorio libre de analfabetismo por la UNESCO en 2005 y se ha ampliado notablemente la cobertura del sistema educativo nacional, con carácter gratuito hasta el nivel universitario.

Sin embargo, la gran pregunta que hoy se formula la mayoría de los venezolanos es por cuánto tiempo serán sostenibles estas políticas de inclusión social en medio de una recesión mundial que ha hecho descender enormemente los precios de nuestra principal fuente de ingresos: el petróleo.

Se trata de una preocupación grave sobre todo para los sectores populares que temen perder estos beneficios sociales a los que nunca antes tuvieron acceso y para la nueva burocracia instalada en el poder. Lamentablemente, lo que muy poca gente se pregunta hoy en Venezuela es por cuánto tiempo será viable una economía fundada principalmente en la explotación de los combustibles fósiles, responsables del recalentamiento de la tierra.

Un ejemplo significativo de los límites ecológicos del modelo de desarrollo imperante en mi país, lo tenemos en nuestro sistema de generación de electricidad. Cerca del 70% de la energía eléctrica que consumimos 26 millones de venezolanos proviene de fuentes hidroeléctricas. Y particularmente de las represas construidas sobre el río Caroní, cuya cuenca está ubicada en el borde norte de la amenazada selva amazónica. El otro treinta por ciento proviene de centrales termoeléctricas a base de fueloil y gas.

El crecimiento económico de los últimos años y la extensión del acceso a los servicios públicos a sectores de la población anteriormente excluidos, ha hecho que rápidamente estas fuentes de energía se hayan hecho insuficientes. Para resolver este problema, se ha comenzado a trabajar en el desarrollo de energías renovables como la solar, la eólica y la geotérmica. Pero hasta ahora se consideran insuficientes para cubrir el crecimiento de la demanda eléctrica, lo que ha llevado a nuestro gobierno a proyectar la construcción de centrales nucleares, con el apoyo técnico de Rusia y de Francia.

Los ecosocialistas venezolanos, acompañados por algunos decrecentistas de Francia, hemos expresado públicamente nuestro desacuerdo con los convenios de cooperación en materia de energía electro-nuclear suscritos recientemente por ambos países. Pero nuestro impacto ha sido mínimo en la opinión pública y los planes gubernamentales en esta materia siguen en marcha.

Hay muchos otros aspectos relacionados con las transformaciones socio- políticas que están teniendo lugar en Venezuela y América Latina sobre los que pudiéramos seguir conversando, pero el tiempo previsto para nuestras intervenciones en este foro me obliga a ser breve. En todo caso, me parece conveniente señalar que a pesar de la enorme influencia de los mitos modernos del crecimiento y el desarrollo, el debate sobre los rasgos distintivos del socialismo del siglo XXI todavía permanece abierto en Venezuela. Y, en mi opinión y la de varios intelectuales latinoamericanos, la filosofía del decrecimiento tiene mucho que aportar en esta discusión.

De ahí mi complacencia por la posibilidad de estar hoy y aquí entre ustedes dialogando sobre un asunto tan trascendental para el porvenir no sólo de mi país y del vuestro, sino de la humanidad entera.

Muchas gracias.

Original disponible en: http://www.entropia-la-revue.org/spip.php?article37

La Cosecha Roja de la Universidad de Carabobo

Jesús Puerta

La inolvidable novela policial de Dashiel Hammet Cosecha roja concluye con la toma de la Guardia Nacional, de aquella ciudad maldita en poder de unas mafias implacables que habían desatado su furiosa guerra en las calles, enfrentamiento sangriento y generalizado. Qué sorpresa (y qué vergüenza) que la Universidad de Carabobo ahora luzca como aquella ciudad desbordada por los criminales, las armas, las llamas, la sangre y hasta los muertos. De veras que quema los fusibles de la cabeza ver cómo las mismas autoridades y grupos dominantes de la UC, que desde hace tiempo se rasgan las vestiduras por la autonomía universitaria, como si algún peligro externo (o sea, el gobierno) la asediara, se hayan visto precisadas a convocar ellas mismas, insisto, a la Guardia Nacional para resguardar unas elecciones decanales.

En realidad, la violencia no es nueva en la Universidad de Carabobo. Recuerdo claramente, por ejemplo, el asalto de aquellas elecciones estudiantiles de 1987 por parte de las bandas armadas de Acción Democrática. El fenómeno de la llamada “capucha” viene desde, por lo menos, la segunda mitad de los ochenta. Antes, los enfrentamientos con la policía se hacían con las caras descubiertas. Eran choques de verdad verdad, con plomo de allá para acá. Había estudiantes y profesores heridos y muertos, acerca de los cuales ni se sabía, porque “misteriosamente” no salían por los medios. No había cámaras de televisión como las que ahora cubren cualquier pataleta de los dirigentes estudiantiles de ahora. Ante la acción de los agresivos organismos de seguridad de aquellos gobiernos verdaderamente represivos, se impuso el tapado de rostro como mecanismo de seguridad, porque si te identificaban cuidado si no te buscaban y desaparecían. Eran batallas por el presupuesto universitario, enmarcadas en larguísimos paros, por el pasaje estudiantil, contra allanamientos siempre justificados por los medios y por el gobierno de turno, adeco o copeyano.

Pero aquella “capucha” politizada, aguerrida y hasta disciplinada, fue degenerando en un proceso promovido por los nuevos grupos de poder que también se fueron enquistando en la universidad. Posiblemente el punto de quiebre de ese proceso degenerativo fue cuando un grupo estudiantil cambió unos votos en el claustro por las iniciales de unos apartamentos y unos carros. A su vez, esa conversión de la negociación política en simple negociación entre mafias, tuvo que ver con la consolidación de una macolla que se atrincheró en importantes posiciones de la estructura de poder ucista. O la degeneración tocó fondo cuando se ofrecieron unos reales para garantizar “la seguridad” de un rector o un decano. O cuando se ofrecieron unos cargos administrativos. O cuando se permitió la construcción de una “ciudad bendita” (en alusión a una conocida telenovela) en los pasillos adyacentes a FACES, Educación o Derecho.

Los muertos que viene “cosechando” esa guerra entre grupos armados delincuenciales, ya tienen varios años. Así mismo, las violaciones, las redes de narcotráfico y de prostitución juvenil. Que todo viene junto. Así como las pugnas por piñatas tan apetitosas como aquella “fundación”, cuyos millardos ofreció alegremente Acosta Carles hace pocos años. O las pugnas por concursos, por cupos, por cargos administrativos. Todo se fue mezclando en un solo caldo de corruptelas, violencia, malandraje y crimen organizado desde las alturas, hasta llegar a un sicariato que ya se anuncia.

Por eso, pensándolo bien, no nos sorprenden demasiado esos guardias nacionales apostados en la avenida Salvador Allende para resguardar unas simples elecciones decanales, porque ¿qué estamos eligiendo los universitarios en realidad? La complicidad ha sido la actitud generalizada en TODO el bloque de poder que ha gobernado esa institución desde, por lo menos, comienzos del nuevo siglo. Apriete usted cualquier pequeña protuberancia en el régimen universitario y le saltará a los ojos una gota de pus.

O un disparo.

Votos, pobreza y desigualdad en Venezuela

Jorge Dávila (*)

Chávez en La Bombilla

En diciembre de 2006 fue reelegido el Presidente. Mostramos en esa ocasión que los altos porcentajes de votación a favor de él provenían de los estados con mayor pobreza. En ocho de los nueve estados con más de 40% de hogares pobres, de acuerdo con los datos más actualizados disponibles en 2006, la votación fue casi igual o superior al 70%. En los nueve estados donde había entre 30% y 40% de hogares pobres la votación fue de más del 60%. Y en los seis estados con menos de 30% de hogares pobres la votación fue mayor que 50%. La votación más baja en un estado fue de 51,14%, la máxima fue de 78,08% (Cf. “Elecciones y pobreza” aquí).

Un año después, en ocasión del referéndum por la reforma constitucional, los porcentajes favorables a los cambios propuestos inicialmente por el Presidente, comparados con los obtenidos en la elección de 2006, fueron mucho menores. En diecinueve de los veinticuatro estados la disminución sobrepasó los diez puntos y, en un caso, hasta más de veinte puntos. Sólo en cinco estados la caída fue de menos de diez puntos, en todos ellos rondando los ocho puntos. La pérdida a nivel nacional fue de 13,55 puntos.

Ahora en febrero de 2009, en ocasión del referéndum por la enmienda constitucional, en todos los estados -salvo uno, hay una recuperación de esa pérdida de puntos porcentuales ocurrida en el referéndum de 2007. Es lo que se muestra en la primera columna de la tabla al lado de cada estado. Las cifras corresponden a la proporción del aumento de puntos porcentuales, obtenido en cada estado en el referéndum de 2009, en relación con la pérdida de puntos porcentuales, en ese mismo estado en el referéndum de 2007. Es decir, cuánto de cada punto porcentual perdido en el referéndum por la reforma en 2007 se recuperó en el referéndum por la enmienda en 2009. A nivel nacional la recuperación es de 0,410; o sea, menos de la mitad.

El resultado favorable a la enmienda, mayor que el resultado favorable a la reforma en 2007, se muestra en la siguiente columna de la tabla (primera cifra) en términos de votos (por mil) por encima de los obtenidos en 2007; la segunda cifra es el aumento de la oposición. El aumento en la votación favorable a la enmienda, que a nivel nacional alcanza 1.931.090 votos (441 votos por mil), casi triplica el aumento de la oposición que fue de 689.485 votos (153 votos por mil).

En términos porcentuales, en el referéndum por la enmienda casi todo fue pérdida para la oposición al Presidente en relación con el referéndum de 2007. Sólo en el estado Táchira el aumento de votos de la oposición fue mayor: 292 por mil contra 119 por mil. La oposición incluso tuvo pérdida de votos en cuatro estados: Sucre, Cojedes, Portuguesa y Aragua. En todos los estados ­salvo en Táchira­ el porcentaje de votos a favor de la oposición disminuyó en relación con el porcentaje que había obtenido en el referéndum de 2007. Además, hay cinco estados donde el porcentaje de votación fue desfavorable a la enmienda, pero en ellos hubo un aumento de los votos por el sí en relación con los votos favorables a la reforma en 2007: en Miranda, Mérida, Zulia y Nueva Esparta el aumento promedia los 400 votos por mil (contra 173 por mil de la oposición) y en el estado Táchira fue de 119 votos por mil. En los demás estados ese mismo aumento de votos favorables al sí va desde 363 hasta 909 por mil votos. Se destacan con el mayor aumento: Sucre, Delta Amacuro y Amazonas.

Volvamos a las cifras de la primera columna de la tabla. Catorce de los veinticuatro estados tienen un valor de recuperación por encima del valor nacional de 0,410. La recuperación en el referéndum de 2009, de la pérdida ocurrida en el referéndum de 2007 con respecto a la elección de 2006, se puede resumir así: la pérdida porcentual de votos del 2006 se recuperó en cerca de o más de la mitad en once estados. Son los once estados donde la recuperación de cada punto porcentual perdido en el referéndum de 2007 es superior a 0,480. Ese grupo de once estados se diferencia claramente del grupo de los otros doce estados donde hubo recuperación.

En los otros doce estados, con menor recuperación de votos, el promedio de votación favorable a la enmienda fue 55,57%; un porcentaje cercano al resultado a nivel nacional. El promedio de votación favorable a la enmienda en los once estados con mayor recuperación es 64,62%; un porcentaje muy superior al resultado a nivel nacional. El aumento promedio, entre 2007 y 2009, en esos once estados (529 por mil) es superior al aumento promedio de los otros estados (435 por mil); al contrario, para la oposición, entre esos once estados están tres con crecimiento negativo y los tres con menor crecimiento. Además, nueve de esos once estados también están entre los de más alta votación favorable al Presidente en la elección de 2006 y con mayor pérdida en el referéndum de 2006.

Ahora bien, en los once estados donde se recuperó cerca o más de la mitad de la pérdida se debe observar lo siguiente: En diez de ellos, de acuerdo con los datos más actualizados del Instituto Nacional de Estadística, INE (segundo semestre de 2007), hay más de 30% de hogares pobres (ver la tercera columna de datos en la tabla). De hecho, son diez de los catorce estados donde prevalecen los más altos porcentajes de pobreza. Siete de esos mismos diez estados tenían en 2001 más de 40% de hogares pobres (nótese que, a fines de 2007, sólo Apure y Barinas tenían más de 40% de hogares en pobreza). Recordemos que, en la elección de 2006, los estados donde había la mayor porción de hogares pobres fueron los que aportaron la mayor votación favorable al Presidente. Ahora en el referéndum de 2009, con una significativa reducción de la pobreza, de nuevo son los estados con mayor cantidad de hogares pobres los que aportan la mayor recuperación de los votos perdidos en el referéndum por la reforma constitucional. En esa medición de la pobreza, el INE combina el nivel de ingreso del hogar con la satisfacción de las llamadas necesidades básicas del grupo familiar.

Ahora, si se considera sólo la distribución del ingreso, se ve que no hay ninguna correlación con los resultados de la recuperación en el referéndum de 2009. En Venezuela, en el segundo semestre de 2007, la distribución del ingreso estaba en 0,4211 (índice de Gini). Ese índice mide la desigualdad de la distribución de la riqueza nacional entre la población. Las variaciones del índice de Gini por estado (ver la cuarta columna de datos en la tabla) son significativas, alcanzando una diferencia máxima de 0,1057. Téngase en cuenta que la variación de apenas una décima en ese índice representa fuertes variaciones en la desigualdad. El valor a nivel nacional del índice de Gini es superado (es decir, hay mayor desigualdad en la distribución de la riqueza) en nueve de los veinticuatro estados. De esos estados, cinco están en el grupo que aportó menos recuperación en el resultado favorable a la enmienda y cuatro están en el otro grupo.

Se ve pues que la correlación entre la situación de pobreza y el comportamiento electoral no involucra la distribución del ingreso, pero sí ­como ya vimos­ el ingreso por hogar.

En resumen, los estados donde ha habido pobreza, y donde aún se mantiene aunque en menor cuantía, siguen determinando la votación favorable al Presidente Chávez y su mejora indiscutible en relación con la fuerte disminución ocurrida en el referéndum por la reforma constitucional de 2007. Pero, esa mejora no parece tener que ver con la mejora ocurrida en la distribución del ingreso según la cual el 20% de los venezolanos más pobres ya no perciben el casi constante y miserable 2,5% de la riqueza nacional que recibían cada año entre 1975 y 1999 mientras el 20% más rico recibía 25 veces más. Como dice el informe de la Cepal de 2008: Entre 2002 y 2007, la disminución más importante de la brecha entre quintiles extremos [20% más pobres y 20% más ricos] se presentó en la República Bolivariana de Venezuela donde alcanzó 41%. Es cierto que en 2007 tenemos la menor brecha en toda América Latina, pero todavía el 20% de los venezolanos más ricos recibe 10 veces más de lo que recibe el 20% de los más pobres: es lo que indica el valor nacional de 0,4211 del coeficiente de Gini.

Algunas preguntas no se pueden responder con este análisis de números: ¿Son los pobres indiferentes ante la desigualdad en el reparto de la riqueza a la hora de votar? ¿Son los no pobres igualmente indiferentes ante la desigualdad a la hora de votar? O, más bien, ¿No hacen caso los pobres a las desigualdades con los no pobres y sólo aspiran a que su grupo familiar viva mejor? ¿No hacen caso los no pobres a las desigualdades con los más desposeídos y sólo votan calculando el mantenimiento de su privilegiada situación? ¿O será, más drástico aún, que los pobres y los no pobres sólo calculan su exclusivo interés individual? ¿Se reducirá la clara y sostenida preferencia electoral de los pobres a ese cálculo? ¿O será que ninguno de los grupos o clases distinguen las desigualdades? ¿No será más bien que hay una compensación de afecciones de odio y de amor más compleja que lo que, por ahora, algunos han pretendido explicar?

Sin respuestas a estas preguntas, pero por la potencia que ellas desencadenan en la mente, creemos que tuvo razón el sacerdote que le recordó al Presidente Chávez la palabra de Pablo, dirigida a los corintios, para que él se la dijera con franqueza a los pobres de la tierra con los que ha echado su suerte: Yo con sumo gusto gastaré lo que tengo y me desgastaré entero a mí mismo en bien de todos ustedes; si los amo más ¿acaso seré menos amado? Más razón, si cabe, tuvo el mismo Apóstol -ese apasionado misionero judío, griego y romano­ cuando al final de la epístola hace eco de la palabra que ya tenía larga tradición en Corinto: Nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad.

(*) Jorge Dávila es profesor en la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela.

La Octava Razón del No

Jorge Dávila

Mural "Hombre en una Encrucijada" de Diego Rivera

La octava razón del no ¿Qué quiere decir la octava razón? Lo cuenta J. M. Briceño Guerrero: “En Mérida se dice octava razón aludiendo a la historia de un cura que no hizo tocar las campanas cuando llegó de visita el obispo; dio siete razones para explicar esa omisión, todas valederas, y la octava razón: que no había campanas”.

La oposición política en Venezuela ha dado muchas razones para justificar su reiterativa tautología “no es no”. Es posible que todas esas razones se reduzcan a siete, tan valederas como las que imaginamos esgrimidas por el sacerdote del cuento: se perdieron las llaves de la puerta del campanario, no apareció a tiempo el sacristán, etc. La oposición política, a diferencia del clérigo, no dice su octava razón. Pero se puede escuchar tras la bulla y el escándalo.

Hablemos hipotéticamente: gana el sí, se aprueba la enmienda; luego, los ocupantes de cargos públicos de elección popular se pueden postular nuevamente para esos cargos. Se hace posible entonces este futuro menos cercano: el Presidente Chávez quiere ser candidato en 2012, su partido lo postularía, podría ganar la elección y entonces continuar en el cargo. Seis años después, repetición del ciclo. Etcétera. El encadenamiento de raciocinios de la oposición política venezolana, conducente a la octava razón de su no, descansa en ese futuro posible. Esos raciocinios son los siguientes:

Si gana el sí, es seguro que al Presidente lo postularán. Además, es seguro que lo elegirán nuevamente. ¿Por qué es seguro? Porque el pueblo votará mayoritariamente por él. ¿Por qué? Pues hay aquí, de nuevo, siete buenas razones. Pero la octava, en este caso, es que el pueblo está algo así como “enceguecido” con la figura de Hugo Chávez. Sí, en 2012 habrán pasado catorce años de “ceguera”, o un poco más de catorce años si se incluye la campaña para la elección de 1998, o hasta mucho más si se lleva la cuenta al por ahora del 4 de febrero de 1992: en fin, siempre creímos que el 4F sólo fue un fogonazo televisivo que encandiló al pueblo. ¿Qué quiere decir esta octava razón de la “ceguera” del pueblo? Bueno: ignorancia. O más hondo: incapacidad. O más en la profundidad de la ignorancia y la incapacidad: torpeza, flojera, pasión por la vida fácil, incuria, marrullería, vivalapepismo, etc. ¿Y detrás de todo eso? Bueno: brutalidad propia de la chusma, de negros, de indios, de lumpen, de esclavos. No nacieron para otra cosa. Esta es la octava razón -parcial en la cadena de raciocinios- para estar seguro de que el Presidente Chávez será reelecto en 2012 y en 2018, también en 2024 (justo con 70 años de edad, pero ¡menor que el Dr. Caldera en 1993!) y hasta en 2030.

¿Se entiende? El motor de los raciocinios no tiene que ver tanto con Hugo Chávez como con la condición del pueblo. En fin, sin esa condición Chávez no sería nada, sería pieza fácil de derrumbar en el ajedrez político -democrático o no. Sobre esa condición del pueblo es que descansa la no muy oculta octava razón del no en el referéndum de este febrero de 2009. La octava razón del no descansa en la convicción de que esa condición del pueblo es propia, es natural; quiere decir: no es circunstancial; siempre ha sido así y siempre será así. Eso quiere decir el “no nacieron para otra cosa”.

En verdad, poco o casi nada sabemos del futuro. Pero del pasado nos hacemos ideas más claras. ¿Cómo concibieron al pueblo venezolano en el pasado? Desde los albores de la Independencia, escribió Domingo Miliani, lo concibieron como “pueblo ignorante”; más adelante, como “hordas levantiscas, chusma bochinchera, turbulentos mulatos”; lo mismo en el siglo pasado: “perraje, marginales, desposeídos, menos favorecidos de la fortuna, olvidados de Dios, desclasados, chigüires, masa, plebe, lumpen, enemigos del orden establecido”. En suma, como masa de idiotas que había que encauzar para que sostuvieran el poder de quienes sí lo merecen. Vieja tesis. Ya en Platón se encuentra ardorosamente defendida por los Trasímacos y los Calicles. Pero, más agudamente, esa masa no es otra cosa que el objeto del desprecio y del menosprecio; o sea, del odio. Y ese odio no tiene por qué mostrarse de toda evidencia. En el pasado fue así, se ocultó tras el simulacro. Ahora que los despreciados muestran su potencia, su fuerza; cuando los menospreciados despliegan su capacidad de ser iguales; cuando los odiados manifiestan su generosidad y amor con los demás odiados, entonces los poderosos que los odian no pueden sino manifestar abiertamente su más profunda pasión de odio.

Esa pasión de odio -de menosprecio y de desprecio- del poderoso busca oponerse a aquella potencia del amor y la generosidad de los odiados entre sí. Busca, y ese es su mejor ardid, que ese amor sólo se manifieste como odio recíproco. Y muchas veces lo logra: es la lógica que malogra los avances de la posible vida mejor del pueblo. Es ese, en el fondo, el poderío desencadenado en estos tiempos contemporáneos por los medios de comunicación que vomitan toda la pasión de odio que sostiene grandes poderes económicos mundiales y nacionales contra los pueblos.

La octava razón del no, en relación con el pasado, se puede resumir así: la burguesía venezolana, y también la pequeña burguesía -más estridente ella-, siempre odió al pueblo venezolano; peor aún, no sólo lo odió, por mucho tiempo lo jodió. En el pasado reciente y en el presente, la burguesía se desespera; se refugia en su poderosa capacidad de manipulación para trastrocar el amor del pueblo en odio recíproco. Algunos intelectuales sin mala fe prefieren sumirse en la pereza mental para auxiliar tal trastrocamiento. Duele eso. Y, por desgracia, algunos defensores del amor al pueblo, no creo que por maldad, le siguen el juego.

¿Por qué se dice no?

Jorge Dávila

Fuente: http://resistenciacarabobo-sb.blogspot.com/2008/08/no-es-no.html

Por oposición. Es muy natural. Oponerse, estar en contra, contradecir, enfrentarse, ser antagónico, etc., todo eso se dice, frente a algo que se afirme, con un simple no. Pero, si de razón se trata, hay sus modos.

El niño inmaduro, especialmente en la infancia temprana, cuando dice no es “no porque no”. Niega hasta tres veces: “no, no y no”. Acompaña su expresión con gestos poco sociales, poco políticos: rabietas, pataletas, gritos, llanto, etc. Algunos aprenden allí el uso exacto de las groserías. Es el “no porque no” en su forma más básica de la  sinrazón. Dicen algunos psicólogos que eso no está mal, esa experiencia es la forma primigenia de cierta afirmación de la diferencia. Es entonces un “no porque no” que se tolera porque será encauzado por la razón; será la razón la que le enseñará correctamente la diferencia y la identidad.

Hay un “no porque no” que es propio de la adolescencia, de la rebeldía sin causa o, mejor dicho, del rebelde sin razón. Es una actitud abiertamente antisocial, abiertamente apolítica. La expresión se acompaña de gestos infantiles. Suele aparecer allí la violencia contra el otro. Es la pretensión de identidad figurada en la diferencia completamente errada. Es la identificación con la sinrazón que no se sabe tal. Se expresa este “no porque no” en la sencilla expresión “no es no”. Quiere decir: “no, dije que no”; “no, porque no quiero”, “no, porque no me da la gana”, “no, porque deseo lo que deseo y lo que deseo es que no deseo lo que me proponen y sólo sé que deseo eso mismo que deseo”. Es la sinrazón opuesta a las razones que sólo atisba a cuasi­razonar así: “vaya Usted viejo muy largo al carrizo con sus razones”.

En el adulto hay un “no porque no” que apela a la retórica empobrecida. Se refugia superficialmente en el principio de identidad de la negación. Otra vez: “No es no”. Claro, es verdad, X es X. Así se expresa toda tautología. Pero la tautología no agrega nada, todos lo saben por experiencia o porque han estudiado lógica. La retórica empobrecida va más allá del pleonasmo. Es la acentuación del habla que se esfuerza en que el interlocutor escuche lo que se quiere decir, sabiendo qué se quiere decir y cómo decirlo, pero no se dice. Tiene dos variantes. Una: todo cuanto motoriza la negación se oculta, se disimula en el gesto, se esconde tras falacias dichas en baja voz. Es puro miedo. Ese miedo muchas veces se disfraza de soberbia: “¿Para qué explicar si el muy bruto no entiende?”, “Ya lo dije: no es no y punto” y otras expresiones semejantes. La otra variante, la irracional, es de otro tenor. Rebrota en ella el arrojo del rebelde sin razón que grita o chilla su deseo de sólo desear. Se acompaña con los gestos infantiles del pataleo y la rabieta.

Se apropia de las groserías del infante y de la violencia del adolescente. El ocultamiento no es tanto del miedo, del temor, como del odio. Es el “no porque no” de la más abyecta tristeza que se refugia en el escándalo y la bulla. Es escándalo y bulla vociferando sinrazones en asfixiante logorrea. Es el “no es no” del adulto tan inmaduro como apegado a la ignorancia, como akolásico regodeándose en su vicio. Es la pérdida del poder de la razón cedido al desencadenamiento fatal de la acumulación de tristeza que constituye el odio. Si la primera variante, la del miedo, es dañina, esta segunda variante, la del odio, es perversa: lleva a la alegría por el mal que otro sufre y a la tristeza por la felicidad del prójimo.

Con las justas razones un gran sabio del siglo XVII demostró rigurosamente esta proposición: odium nunquam potest esse bonum (el odio nunca puede ser bueno). Imposible entenderlo si se toma el camino del odio. Por eso duele cuando vemos a quienes alguna vez razonaron, o simularon hacerlo, pretender que seamos copartícipes de su odio para vivir bajo la tiranía de la tristeza. Buena razón es negar la negación.

Cuando digo pueblo

Jesús Puerta

Detalle del Mural "Historia de México" de Diego Rivera

Hay menos palabras que conceptos. Por eso, a veces, sentimos que las palabras no dicen lo que entendemos o lo queremos; sino otra cosa, lo que les da la gana a ellas y no a quien las dice; son huecas, son un poco locas y hasta paradójicamente llegan a sobrar. Otras veces, constatamos que hablamos distintos idiomas, hablando el mismo. Alguien dirá: jugamos diferentes “juegos de lenguaje”. Pareciera que hubiera muchas formas de decir lo mismo; pero no, a veces ocurre que hablamos de cosas diferentes y decimos lo mismo.

Por ejemplo, cuando digo “Pueblo”, ¿qué digo? Los griegos, que inventaron para siempre eso del “gobierno del pueblo”, la “demos-kratia”, entendían por pueblo al conjunto de los ciudadanos varones adultos, aristócratas, propietarios de esclavos y tierras, que se reunían en la plaza a discutir en asamblea los asuntos de la ciudad. Quedaban fuera los esclavos, las mujeres, los extranjeros “bárbaros” y los niños. Todavía, cuando aquellos patricios norteamericanos que firmaron la declaración de la independencia de Estados Unidos, el “pueblo” del “we, the people…”, era el conjunto de propietarios varones, de tierras y de esclavos. De hecho, ya Locke lo entendía así cuando discurría acerca de la propiedad como extensión del propio cuerpo. Sólo cuando los habitantes se ganaban la ciudadanía a punta de sangrientas luchas, era cuando se ampliaba la extensión del conjunto llamado “pueblo”. De modo que lo que se dice cuando se dice “pueblo”, depende del momento de esas luchas sociales y políticas y, por tanto, de la extensión de la otra palabra: “democracia”. Depende, en fin, de qué lado de la lucha estamos. “Pueblo” dejó de ser una abstracción jurídica, para ser la carne de los pobres, o los continuadores de tradiciones antiguas, identificadoras y comunitarias, por ejemplo.

¿Cuándo una denominación derivada de “pueblo” puede cargarse de connotaciones despreciables? Cuando es dicha por alguien a quien le da asquitos el “pueblo”, éste último, el que incluye a los pobres, a los excluidos. Claro: no estoy hablando de “democracia”, derivada también de “pueblo”; sino de “populismo”. En puridad morfológica, el “populismo” debiera ser la doctrina que coloca al pueblo en su centro y “populista” debiera ser alguien que está con el pueblo; pero no. En la politología sirve y ha servido para hablar mal, para descalificar movimientos políticos. Tanto así, que se le separa de “democracia”. Es más, “populismo” y “populista” son usados como insultos.

Me parece que es una invención de mala fe, una vil maniobra lingüística. No me la calo más. Si ya se mencionó a Laclau, seamos consecuentes: todos los políticos buscan en su discurso articular demandas de diversos sectores, buscan la hegemonía frente a su antagonista, y en este sentido “hacen populismo”: es una práctica política idéntica a la elaboración de discursos que se gana adeptos de diferentes orígenes sociales, tomando en cuenta sus peticiones e intereses. “Populismo” no sirve como concepto para describir o clasificar movimientos políticos, porque incluye demasiados y demasiado diferentes situaciones. No aclara ninguna especificidad, no distingue, no caracteriza. Oculta rasgos importantes y, encima, sirve para desviar la atención a procesos realmente democratizadores, es decir, aquellos que amplían el sentido de “pueblo”.

Y si vamos a hablar de “chavismo” ¿por qué hablar de variedades de “populismos” y no de variedades de “socialismo” o de “democracia”? ¿Por qué compararlo solamente con Perón, Velasco Alvarado y Goulart, y no con Fidel, Mao, Lenin, la socialdemocracia, los socialismos del siglo XX, etc., por un lado, o con las democracias norteamericana, española, francesa, qué sé yo? En todo caso, si a comparar vamos, debemos ver las analogías, pero también las diferencias.

Una arepa es una arepa es una arepa es una arepa, Javier. Un arroz con pollo es un arroz con pollo. Aunque pueda haber una arepa de arroz con pollo, claro. Esa es la universalidad arepérica. Pero, en todo caso, habría que comparar los rellenos.